San José. 05 abril. (elmundo.cr) – El pasado 30 de marzo, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (UNDECA) denunció que la presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CC.SS), María del Rocío Sáenz, aceptó haber nombrado a un pariente como su chofer en un puesto confianza.
Ante ello Undeca le exige al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sentar un precedente y remover o exigir la renuncia Sáenz, “para garantizar que en esa institución pública prevalece la transparencia y ética por encima de los intereses particulares”.
De acuerdo con el gremio Sáenz nombró en un puesto de confianza a la pareja de su sobrina, de apellidos Salazar Flores.
El grado de parentesco entre Salazar y Sáenz es de cuarto nivel, lo que llevó a que los directivos de la CCSS pidieran a la Auditoría Interna determinar si las actuaciones de la Presidenta Ejecutiva rozan el ordenamiento de la institución y no sería hasta que tengan en sus manos dicho informe, que soliciten su renuncia.
“La jerarca, debe justificar cuáles fueron los motivos objetivos y de necesidad que la inclinaron por su familiar y no por otros candidatos, cumpliendo con lo que demanda tanto la Ley Constitutiva de la CCSS, como el Código de Ética de los Servidores de la CCSS”, señala un comunicado de prensa emitido por Undeca.
Aunque la funcionaria alega que el nombramiento se hizo apegado al Reglamento sobre Régimen Puestos de Confianza para la Caja Costarricense de Seguro Social, la Ley Constitutiva de la CCSS (que según la jerarquía está por encima de dicho reglamento), establece en el artículo 17 que la persona que funge como Presidente Ejecutivo de la Institución no puede realizar nombramientos de personas que estén ligados a él o a miembros de la junta directiva por parentesco o afinidad.
María del Rocío Sáenz ha sido fuertemente criticada por abiertamente haber desacreditado el decreto que emitió el mandatario para regular la Fertilización in Vitro. Inclusive, Sáenz pidió a los magistrados de la Sala IV en ese entonces declarar tal decreto como “inconstitucional”.
Más recientemente, Sáenz dijo en una conferencia del Consejo de Gobierno, sentada junto al Presidente Solís que su decreto carecía de sanciones en caso de incumplimientos.
Por haber nombrado a su sobrina en su despacho, el ministro de Trabajo Víctor Morales Mora renunció a su cargo semanas atrás.
