San José, 14 dic (elmundo.cr) – La Universidad de Costa Rica (UCR) recomienda no aprobar el proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se tramita bajo el expediente 23.380, en la Asamblea Legislativa.
“Es quizás el proyecto de ley más nefasto en toda la historia que yo he conocido de la educación pública superior”, manifestó el representante del Área de Ciencia Sociales, Carlos Palma, en medio de la discusión en el Consejo Universitario (CU).
El acuerdo, que fue tomado por el Consejo Universitario de la UCR este martes, también establece una solicitud a la Comisión de Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, para que el órgano colegiado sea recibido en una audiencia para “profundizar sobre aspectos que se consideran fundamentales para el estudio del proyecto de ley”.
“Tenemos que hacer todos los esfuerzos de divulgación, de convencimiento, de hablar con los señores diputados de que este proyecto significa ni más ni menos que el cierre de la educación pública superior sería un proyecto en donde el Estado Social de Derecho se quebraría totalmente, por lo tanto, tenemos que defender a las futuras generaciones que van a hacer uso de los servicios de las universidades públicas”, agregó Palma durante la sesión.
Lo acordado por el CU se fundamenta en quince consideraciones, entre las que se encuentra que el proyecto podría “redimensionar la autonomía administrativa” de las universidades públicas, además de “otorgar potestades regulatorias al Poder Ejecutivo sobre la educación superior estatal”.
Otro elemento tomado en cuenta es que la asesoría jurídica de la institución advirtió que la iniciativa de ley podría modificar la forma en la que se negocia y distribuye el financiamiento estatal que reciben las casas de enseñanza estatales.
Asimismo, se considera jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde se expresa que “el Poder Central no puede actuar como jerarca del ente descentralizado”.
También, el CU estima que la iniciativa de ley es inconstitucional porque se “pervierte” el mecanismo de financiamiento de las universidades establecido por la Constitución; se “usurpa”, las competencias de los órganos existentes de coordinación de la educación superior; se restringe la independencia administrativa, entre otros, señalo el Semanario Universidad.
Además, cita una serie de falacias en las que se fundamenta del proyecto de ley, como que “las universidades públicas utilizan los recursos asignados en actividades distintas a las que deberían destinarlos” o que “las universidades públicas tienen una oferta académica distinta a las necesidades del mercado de trabajo”.
