San José, 26 mar (elmundo.cr)- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictó este lunes una medida cautelar contra el Partido Restauración Nacional (PRN) y su candidato presidencial Fabricio Alvarado por invocar motivos religiosos para recibir contribuciones de los feligreses.
La orden fue enviada tanto a Alvarado, como a Carlos Avendaño, y al Comité Ejecutivo Superior de ese partido.
La medida se presentó luego de que el TSE recibiera al menos 86 denuncias relativas a una actividad que presuntamente se llevó a cabo el 16 de marzo en el Templo Bíblico Internacional de Tibás y en la que se le habría solicitado a los pastores evangélicos que pidieran a los feligreses votar por Alvarado, así como ayuda económica para los gastos del PRN el 1 de abril.
La órden pide “que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción tendiente a incidir en la libre decisión de los electores, a partir de sus creencias religiosas o invocando motivos de religión, conforme lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política y el artículo 136 del Código Electoral, teniendo en cuenta que la inobservancia de estas normas, podría aparejar las consecuencias previstas en el artículo 289 del Código Electoral”.
Además, “que se abstengan de ejecutar acciones contrarias a los principios generales de publicidad y transparencia y a la normativa específica que regula el financiamiento de los partidos políticos, en la atención de actividades propias de la campaña electoral. Esto sin perder de vista las consecuencias sancionatorias que el ordenamiento jurídico prevé para su transgresión. En todos los casos deberá identificarse plenamente el momento de su recepción y el donante, mediante comprobante de depósito bancario o el recibo oficial expedido por el partido político. En este último supuesto el recibo deberá además estar firmado por el donante o contribuyente”.
“El órgano de Administración Electoral les advirtió que el incumplimiento de lo ordenado en esta medida cautelar podría constituir el delito de desobediencia previsto en el Código Penal y sancionado con prisión de seis meses a tres años”, señaló la institución.
