San José, 23 mar (elmundo.cr) – El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dejará sin sanción al alcalde de Talamanca, Marvin Gómez Bran, a quien la Contraloría General de la República lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante cinco años.
Así consta en la resolución 1493-M-2017 del pasado 22 de febrero y de la cual, EL MUNDO tiene copia.
Dicha sentencia, adoptada por los Magistrados del TSE, Luis Antonio Sobrado, Eugenia Zamora Chavarría, Max Esquivel Faerron, Luis Diego Brenes y Mary Mannix Arnold fue el último clavo necesario para enterrar la intención de la Contraloría de que se quitara del puesto a Gómez, por haber cometido faltas que lesionan el sistema de fiscalización superior de la Hacienda Pública.
Hansel Arias Ramírez, Yasmín Castro Sánchez y Luis Diego Ramírez González, funcionarios de la Contraloría General de la República habían interpuesto un recurso de reconsideración contra la resolución 5221-M-SE-2016 de la Sección Especializada del TSE, del pasado 12 de agosto de 2016, donde en primera instancia el Tribunal rechazó aplicar la sanción a Gómez Bran.
Sin embargo, tras revisar lo alegado por el ente contralor, los Magistrados mantuvieron la decisión que se había tomado en agosto pasado.
La Contraloría usó dos argumentos para intentar convencer al Tribunal de aplicar la sanción al alcalde de Talamanca: que la Sección Especializada del TSE inaplicó indebidamente el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría, el cual dicta que “No podrá ser nombrado en un cargo de la Hacienda Pública quien haya cometido un delito o falta grave contra las normas que integran el sistema de fiscalización, contemplado en esta Ley o contra la propiedad o la buena fe de los negocios”; y, en segundo lugar, que existió una indebida valoración del caso, pues Gómez Bran cometió los hechos por los que fue sancionado por la Contraloría en el ejercicio de un cargo de elección popular, en el ámbito municipal.
EL CASO. La Contraloría General de la República inhabilitó durante cinco años para ocupar cargos públicos a Marvin Gómez Bran, al declararlo responsable administrativamente de una falta grave, debido a que cuando era regidor del Concejo Municipal de Talamanca participó con su voto afirmativo en una serie de sesiones entre 2006 y 2008, en las que se acordó el otorgamiento de permisos de uso de suelo en forma precaria, en terrenos ubicados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
El castigo adquirió firmeza el pasado 17 de setiembre de 2015, cuando se dictó la resolución final del caso y donde se recomendó, con carácter vinculante, el despido sin responsabilidad patronal y la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por cinco años a Gómez.
Al analizar la fundamentación de la Contraloría, los Magistrados del TSE dijeron que la prohibición para el desempeño de cargos de la Hacienda Pública impuesta por la esa institución, por tratarse de una sanción administrativa, no tiene la virtud de suspender los derechos políticos de un ciudadano, razón por la cual esa decisión administrativa tampoco constituye una causal de cancelación de credenciales.
Adicionalmente, el Tribunal dijo que no era posible aplicar la sanción, pues los hechos por los cuales se sancionó a Gómez ocurrieron cuando éste era regidor y su cargo actual es alcalde.
En ocasiones anteriores, y reiterándolo en este caso, el TSE ha sido del criterio de que las sanciones de la Contraloría procederían solamente si se dirigen contra una persona que ocupa el mismo cargo en el que cometió la falta, situación que no se da en este caso.
“En otras palabras, en este caso se echan de menos ambas circunstancias exigidas para que proceda la cancelación de credenciales: no se trata de una reelección sucesiva y no estamos en presencia del mismo cargo”, dice la sentencia.
A LA PROCURADURÍA. Con su fallo negativo hacia la solicitud de la Contraloría, el Tribunal de Elecciones ordenó trasladar el caso a la Procuraduría General de la República, ente que funge como Abogado del Estado.
Dicha decisión se basa en que los artículos 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y 260 del Código Electoral.
El primero de dichos artículos dicta que el funcionario o empleado que otorgare concesiones o permisos de ocupación o de desarrollo, contra las disposiciones de la Ley Marítimo Terrestre o leyes similares, será reprimido con prisión de tres meses a dos años si no se tratare de delito más grave. Además, de que será despedido de su empleo sin responsabilidad patronal y si el funcionario fuere de elección popular, perderá su credencial, a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, previa información que éste dispondrá levantar.
El segundo artículo señala que cuando se denuncien los hechos contemplados en el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones lo comunicará a la Procuraduría General de la República, a fin de que esta investigue preliminarmente el asunto y eventualmente, ejerza la respectiva acción penal. Posterior a ello, el Tribunal resolverá, cuando los tribunales penales dicten el pronunciamiento.
En vista de que lo que existe contra el alcalde de Talamanca es una sanción administrativa y no una condena penal, el TSE dijo que “en este caso no resultaba posible cancelar las credenciales del señor Gómez Bran en tanto es indispensable que, previamente, exista un pronunciamiento de la sede penal, el cual se echa de menos”.
