San José, 20 ago (elmundo.cr) – El Tribunal Contencioso Administrativo acogió este miércoles una medida cautelar provisionalísima presentada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cual frena la orden de la Contraloría General de la República (CGR) que pretendía suspender diversos contratos de la institución.
La resolución judicial permite mantener la vigencia y ejecución de los contratos que el ICE tiene actualmente suscritos bajo la modalidad cuestionada por el órgano contralor, mientras se resuelve el fondo del proceso legal.
El Tribunal fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar la “continuidad, calidad y oportunidad de los servicios que actualmente reciben las instituciones públicas usuarias y los ciudadanos beneficiarios de dichos servicios”.
Esta medida evita, de manera inmediata, la interrupción de sistemas críticos para el país, entre ellos el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los servicios de conectividad a internet utilizados por escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Antecedentes del conflicto
El origen de esta disputa se remonta al pasado 28 de julio, cuando la Contraloría ordenó al ICE cesar el uso de alianzas estratégicas con empresas privadas para ejecutar contratos que otras instituciones públicas le habían adjudicado directamente.
Según el ente fiscalizador, este esquema permitía eludir procedimientos ordinarios de licitación y reducía la participación del ICE a funciones meramente comerciales o de coordinación.
Ante estas disposiciones, el ICE presentó formalmente un recurso de revocatoria y apelación, argumentando que las órdenes de la Contraloría contenían interpretaciones que restaban competitividad a la institución en el mercado de telecomunicaciones y comprometían la operatividad de servicios esenciales.
La institución estatal ha sostenido históricamente que estas restricciones limitan su eficiencia empresarial y su capacidad de respuesta ante las necesidades nacionales, defendiendo su autonomía de gestión en procesos de contratación.
Con esta resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, el ICE logra un respiro legal que le permite mantener sus operaciones actuales mientras el litigio sigue su curso en las instancias judiciales correspondientes.
