Asamblea Legislativa, 6 agosto (elmundo.cr)- El Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC), en acogimiento de la denuncia del asambleísta Fernando Villalobos, decidió suspender por un plazo de tres meses a los miembros de la Juventud Progresista de este partido, quienes semanas atrás insinuaron en la minuta de una reunión su deseo de utilizar recursos públicos con fines político-partidarios.
La información fue confirmada a EL MUNDO por una fuente del partido y posteriormente, por el jefe de fracción del partido oficialista, Marco Vinicio Redondo Quirós.
Mariano Salas Naranjo, Eduardo Solano Solano, Andrea Ávila Segura, Eder Artavia Quirós, Randall Céspedes, Fabián Solano y Cindy Taco, todos miembros de la Juventud Progresista del PAC y que se vieron involucrados en una polémica luego de que insinuaran usar recursos públicos con fines político-partidarios, fueron suspendidos por tres meses como medida cautelar.
Estos jóvenes, quienes en su mayoría ocupaban cargos en la Casa Presidencial y que fueron despedidos por Luis Guillermo Solís, fueron denunciados por el asambleísta Fernando Jiménez Villalobos, luego de que la denuncia que se auto-impusieron dichos jóvenes, fuera desestimada por cuestiones de formalidad.
Según la resolución del Tribunal de la Ética del partido, de la cual EL MUNDO tiene copia física, todos los denunciados no podrán conocer, participar ni decidir en asuntos partidarios que involucren a la Comisión de Enlace entre el gobierno de la República y la Juventud Progresista, además de que tampoco podrán participar en las sesiones de la Asamblea Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Política por un periodo de tres meses.
La medida fue adoptada mientras el Tribunal investiga los hechos ocurridos el 20 de junio del 2015, cuando la Comisión de Enlace de la Juventud Progresista del PAC se reunió en las instalaciones de la Fundación Fréderic Ebert, donde tomaron una serie de acuerdos que quedaron plasmados en una minuta que fue filtrada a la prensa. El denunciante solicitó la expulsión definitiva de los jóvenes del PAC.
De acuerdo con la resolución, existe un riesgo de que la presencia de estos jóvenes en actos como la Asamblea Nacional, Comité Ejecutivo Nacional o Comisión Política se vean afectados o influenciados con hechos similares a los denunciados. “De ahí que resulte necesario para evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal; y previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final, dictar una medida cautelar”.
Al respecto, el diputado Ottón Solís Fallas, uno de los fundadores del Partido Acción Ciudada expresó su beneplácito por la medida.
“Me parece excelente. Se honra la política y se da un mensaje claro de que no se vale utilizar los recursos públicos que son de todos los costarricenses para beneficiar a un partido. Es un acto corrupto y el Tribunal de la Ética del Partido Acción Ciudadana actúa como debe ser”, dijo Solís Fallas.
A la fecha, tres integrantes de la Juventud Progresista del PAC que estaban involucrados en la “acta de la corrupción”, como la denominaron los partidos de oposición, se encuentran trabajando como asesores legislativos. Ante ello, Ottón Solís reconoció que es poco lo que se puede hacer.
“Yo lo que hice fue tratar de que los expulsáramos y voté para eso, pero hubo una mayoría que no lo vio así, lamentablemente”, finalizó.
Por su parte, Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC afirmó que la medida le tomó por sorpresa. “Apenas recibí y no de manera oficial la comunicación, hasta donde tengo entendido es una separación que se les hace sobre los puestos que estén ocupando en estructuras partidarias, pero no me puede referir a cabalidad si no conozco la profundidad”.
“Me llama poderosamente la atención que se den medidas cautelares, porque hasta donde tengo entendido no se ha hecho el traslado de cargos, pero es algo que tendré que analizar”, finalizó Redondo.
Adicionalmente, Karla Prendas Matarrita, diputada del Partido Liberación Nacional y que exigió semanas atrás cuentas al PAC sobre las medidas que adoptarían en el caso de los asesores legislativos, declaró que todo es un teatro.
“Tienen presión mediática por todo lado, hacen una suspensión que en realidad no significa mucho. Contratan a otro, los sacan de un lado y los meten a otro… Llama poderosamente la atención que el PAC se ha caracterizado en criticar este tipo de cosas cuando eran oposición, los pilares de sus estatutos se basan en la transparencia, en la no corrupción, en el manejo de los recursos políticos y públicos y que ahora han querido minimizar el tema”, declaró la liberacionista.
Asimismo, cuestionó que el tema es muy grave y no descartó elevar el caso a instancias electorales. “Este tema tiene que ir más a fondo. No descarto elevar el caso al Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política; esto va más allá, es un tema de influencias políticas, de corrupción, falta a la transparencia y más”, agregó.
“Como partido y gobierno se han quedado cortos. Han ayudado a encubrir la situación y eso de los tres meses es algo para desviar la atención, que no es suficiente para el acta. Le daremos el seguimiento necesario porque las medidas deben ser más drásticas, más de fondo y más de análisis”, finalizó la diputada.
