San José, 12 sep (elmundo.cr)- El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, hizo un llamado a la acción para combatir el tráfico de tierras en Costa Rica, calificándolo como un delito grave que debe ser castigado con mayor severidad. Ortega destacó que este ilícito no solo afecta los recursos naturales, sino que también impacta negativamente a las comunidades locales.
En referencia a los recientes casos en la zona de Gandoca-Manzanillo, el legislador señaló que “en los últimos días se ha conocido en la opinión pública lo que ha sucedido en Gandoca-Manzanillo y la posibilidad del tráfico de influencias y delitos de corrupción por parte del Poder Ejecutivo”. Esta situación ha puesto de relieve la necesidad de una legislación más estricta para sancionar estas prácticas, que no son exclusivas de una sola región del país.
Con el objetivo de enfrentar esta problemática, Ortega presentó una iniciativa legislativa que busca actualizar el Código Penal y la Ley Forestal. “Lo que pretendemos es tipificar y actualizar el Código Penal y la Ley Forestal para que se pueda sancionar a las personas jurídicas y físicas que se encuentren cometiendo estos delitos”, explicó.
El diputado subrayó la importancia de vincular el tráfico de tierras con los actos de corrupción, sugiriendo que, cuando se compruebe la existencia de un entramado entre actores públicos y privados, las penas de cárcel deberían ser más severas. “El tráfico de tierras es necesario sancionarlo también y relacionarlo con los actos de corrupción, y conforme se demuestre que hay un entramado público-privado, las penas en la cárcel aumentarían”, afirmó.
Ortega también destacó las múltiples repercusiones de este delito. “El tráfico no solo afecta al erario público, sino que también tiene implicaciones en el medio ambiente y en los compromisos ambientales del país”, señaló, haciendo hincapié en que las tierras involucradas son a menudo objeto de negocios millonarios. Además, advirtió que estas actividades terminan perjudicando a las comunidades locales a través del proceso de gentrificación, que encarece el costo de vida y limita el acceso a los recursos naturales.
“En resumidas cuentas, convierten a los pobladores de esta zona en personas de tercera o cuarta categoría”, concluyó Ortega, alertando sobre las consecuencias sociales y económicas de este fenómeno en las comunidades afectadas.
