
San José, 8 ago (elmundo.cr) – La tesorera nacional, Marta Cubillo admitió que en sus 26 años de carrera nunca se había realizado una amortización de deuda sin la autorización legal debida, esta afirmación la realizó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
En junio y julio se amortizaron ₡48 mil millones sin autorización legal, según lo admitió la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
“No que yo pueda recordar que se hayan hecho pagos en forma, pagos en forma, llamémoslo extrapresupuestarios”, reconoció Cubillo ante la pregunta de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández sobre si recordaba si en otras administraciones se habían hechos pagos sin su debida autorización.
La tesorera nacional confirmó que a finales del año anterior conocían el rubro que se debía amortizar; no obstante, intentaron buscar esos recursos en el primer semestre de este año en la gestión de pasivos.
“Creo que al cierre del 31 de diciembre ya se conocía cuál era el monto que teníamos que amortizar; sin embargo, en el primer semestre del 2018 nosotros como Tesorería teníamos programado una cantidad importante de operaciones de gestión de pasivos donde pretendíamos ir a buscar esos recursos”, indicó.
La legisladora verdiblanca, Silvia Hernández no solo criticó la acción ilegal del Ministerio de Hacienda, sino también el envío tardío del Primer Presupuesto Extraordinario
“Aquí estamos hablando de un monto altamente significativo que no se presupuestó, puesto que se está incurriendo en amortizaciones sin tener el pago”, externó.
El jefe de fracción del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Vargas cuestionó la procedencia de los recursos extrapresupuestarios para amortiguar deuda sin autorización.
“Me parece que aquí hay una figura legal de malversación de fondos porque cómo ella puede pagar esos dineros, esas amortizaciones sin tener la autorización y sin haberse aprobado el presupuesto extraordinario”, dijo Vargas.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron una moción para llamar en audiencia a la contralora general de la República, Marta Acosta para que se refiera sobre el Primer Presupuesto Extraordinario de la República de un monto de ₡600 mil millones.