Asamblea Legislativa, 18 ago (elmundo.cr) – Los desalojos de más de un centenar de familias campesinas en la Zona Sur del país sigue generando polémica y esta vez, el caso salpica a la Procuradoría General de la República.
El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja denunció este lunes y martes en el Plenario del Congreso que las circunstancias en las que se habían realizado los desalojos violentaban la legalidad e inclusive, comentó sobre un acuerdo entre la Procuradoría General de la República y el empresario Óscar Echeverría Heigold, supuesto arrendatario de las tierras en disputa.
“Hubo un arreglo con el Estado costarricense, representado por la Procuraduría General de la República, ¿sabía el señor presidente de la República de ese acuerdo? Yo creo que el señor presidente tiene que salir a decir claramente que él no fue informado y, si fue informado, tendrá que rendirle cuentas a este país; pero me atrevo a apostar que el presidente de la República no fue enterado de la decisión de la procuradora general de la República”, cuestionó Araya Sibaja.
Echavarría Heigold era el arrendatario de la finca Chánguina en la zona Sur-Sur de Costa Rica, sin embargo dicho contrato de arrendamiento habría expirado en el año 2011 y pese a ello, la Procuradoría General de la República firmó el acuerdo con el empresario en el año 2013.
“Señora procuradora general de la República, si usted autorizó ese desalojo, usted tiene que poner la renuncia a su puesto ya, no puede ser posible un tal nivel de irresponsabilidad”, expresó el legislador frenteamplista.
Asimismo, el diputado cuestionó la forma en la que se cometió el desalojo, pues inclusive se destruyeron parcelas de tierra listas para cultivar y la escuela de la localidad, donde decenas de niños acudían a lecciones.
El acuerdo firmado entre Echevarría Heigold y el entonces procurador de al República Luis Diego Flores Zuñiga, incluía entre otras cosas, ejecutar la orden judicial para desalojar a las familias de los terrenos disputados, así como el pago de viáticos a la Fuerza Pública para que efectuara dicha orden judicial.
