San José, 20 feb (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas (expediente N.° 24.019), un marco normativo que redefine el sistema penitenciario y establece reglas claras para las personas privadas de libertad y las instituciones involucradas en el proceso penal.
La iniciativa, que salda una deuda histórica de más de 50 años, fue impulsada por el Poder Judicial en colaboración con el Ministerio de Justicia y Paz. El objetivo es dotar al país de un marco jurídico moderno, claro y equilibrado, tal como lo había señalado la Sala Constitucional.
Durante su desarrollo, se consultó a diversas instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). Además, se realizaron mesas de trabajo en la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, lo que permitió consensuar un texto técnicamente sólido y socialmente legitimado.
El proyecto recibió un dictamen afirmativo unánime en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con el respaldo de todas las fracciones legislativas.
La ley no flexibiliza las normas vigentes ni establece tratos más favorables para las personas privadas de libertad. Por el contrario, busca brindar claridad sobre los derechos, deberes y procedimientos que deben seguir todos los actores del sistema. Se refuerza la seguridad jurídica al requerir resoluciones motivadas y sujetas a recursos legales para cualquier beneficio o cambio en la modalidad de cumplimiento de la pena.
La normativa consolida el papel de los Juzgados de Ejecución de la Pena como garantes del acceso a la justicia para las personas sentenciadas, bajo supervisión judicial. Los jueces deberán visitar los centros penales al menos cada seis meses para verificar el respeto a los derechos fundamentales y ordenar medidas correctivas si es necesario.
La ley también establece un marco para la rehabilitación y la reinserción social, promoviendo procesos de atención técnica, responsabilidad personal y justicia restaurativa, incluida su aplicación en la fase de ejecución para penas alternativas e incidentes de libertad condicional, siempre con el consentimiento de la víctima.
Con esta aprobación, el país avanza hacia un sistema de ejecución de la pena más claro, equilibrado y transparente, que armoniza derechos y deberes, refuerza el control judicial y fortalece la seguridad jurídica en beneficio de toda la ciudadanía.
