San José, 18 ago (elmundo.cr) – La superintendente general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar Montoya, informó que la semana pasada fue notificada sobre una denuncia penal en su contra por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 21 de abril del 2023.
Esta denuncia fue interpuesta por la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para el desarrollo de sus labores de supervisión.
El BCCR fundamenta la solicitud y denuncia en lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley N°7558 y los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística, Ley N°9694.
Mientras que la asesoría jurídica de la Sugef ha considerado que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al superintendente, intendente, funcionarios y miembros del Conassif, suministrar información a terceros, salvo en aquellos casos de excepción que la misma ley ha definido taxativamente.
La infracción a tal obligación especial de confidencialidad acarrea a quien no la observe, responsabilidad laboral, además, una pena de prisión de cuatro a seis años, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de conformidad con el artículo 203 del Código Penal.
La Sugef es del criterio de que la información solicitada por el Banco Central corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968.
Basada en el deber de protección de la información crediticia de los ciudadanos, la buena fe y en la colaboración institucional, la superintendente general informó a la Gerencia y a la Presidencia del BCCR, sobre la decisión de consultarle a la Procuraduría General de la República (PGR) acerca del fondo del asunto, como en efecto lo realizó el 23 de diciembre del 2022.
En este sentido, la actuación del BCCR podría considerarse prematura al presentar la denuncia sin esperar la respuesta de la PGR.
