San José, 31 ago (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) arremetió contra el Gobierno tras la presentación del presupuesto estatal para 2025, criticando con dureza los recortes en el sector educativo.
“Un gobierno que destruye los sueños y fomenta las desigualdades sociales al debilitar la educación es un gobierno nefasto”, afirmó la legisladora, en referencia a la reducción del 0,7 % en los recursos asignados al Ministerio de Educación.
La diputada señaló que los recortes no solo socavan el sistema educativo, sino que también incrementan la inseguridad y condenan a más generaciones a una vida marcada por la desigualdad. ”
“No vamos a permitir que el gobierno siga recortando el presupuesto educativo, incrementando la inseguridad y condenando a más generaciones a la desigualdad”, enfatizó.
Desde su posición en la Comisión de Hacendarios, la legisladora se comprometió a luchar por la educación pública, asegurando que trabajará para reasignar los recursos necesarios y garantizar el financiamiento que el sistema educativo merece.
“¡La educación pública es innegociable!”, subrayó con firmeza, dejando claro que no cederá ante los recortes propuestos por el Ejecutivo.
El presupuesto presentado por el Gobierno para 2025 muestra una reducción del 0,7 % en los fondos asignados al Ministerio de Educación en comparación con el año anterior. Esta medida ha sido defendida por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien argumenta que el Gobierno está buscando un uso más eficiente de los recursos públicos.
“Los presupuestos son un proceso acumulativo; no se puede construir un país de la noche a la mañana. Cada presupuesto agrega un ladrillo en la construcción de una Costa Rica más justa, equitativa y con visión de futuro”, declaró Acosta.
La controversia surge en un momento en que el Gobierno enfrenta protestas de grupos sociales, sindicales y estudiantiles, que exigen cumplir con el mandato constitucional de destinar el 8 % del PIB a la educación. Sin embargo, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno solo alcanza el 4,9 % del PIB para este sector, lo que ha generado un amplio rechazo.
