San José, 9 ago (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR), presentó el doceavo informe con corte al 30 de junio, donde promueve la transparencia en la gestión pública e informa a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía sobre el estado de las finanzas públicas y la ejecución presupuestaria.
En dicho informe se muestran condiciones macroeconómicas menos favorables, ya que en la revisión del programa macroeconómico del Banco Central y el crecimiento de el Producto Interno Bruto (PIB) real del 2018 existe una disminución: la proyección para julio del 2017 fue de 4.1%; mientras que la de enero del 2018 fue de 3.6%; y para julio de este mismo año la proyección fue de 3.2%.
Además, los ingresos del Gobierno Central se desaceleran significativamente, debido a que, los ingresos corrientes pasaron de 7.3% en primer semestre del 2017 a 1.5% en el primer semestre del año 2018; por otra parte, los ingresos tributarios también tuvieron una disminución, pasando de 6.8% en los primeros seis meses del año anterior a 1.0% en el mismo período de este año.
La CGR señala que la situación fiscal del Gobierno Central se agrava, ya que el gasto total sin amortización paso de un 9.5% del PIB en primer semestre del año pasado a 9.6% del PIB a este año; también, los intereses subieron un 0.2% pasando de 1.5% a 1.7% en los primeros seis meses del año actual, y el déficit financiero se incrementó de 2.5% a 2.9% en relación al primer semestre del 2017.
El portafolio de la deuda se torna más vulnerable, en el año 2016 el porcentaje de la deuda en dólares estaba en 19.3%, en junio se encontraba en 21.7%, mientras que en este año aumentó a 24.6%.
“El panorama fiscal que presenta nuestro informe sobre evolución fiscal y presupuestaria es realmente sombrío, lamento mucho que las advertencias que sobre este tema ha realizado la Contraloría en múltiples informes se estén materializando; tenemos vulnerabilidades en la deuda ante el deseo y la necesidad de liquidez el Gobierno tiene que ofrecer mayores tasas, plazos más cortos y diversificar la moneda a dolares”, menciona la contralora general, Marta Acosta.
Como consecuencia, está la solicitud de presupuesto extraordinario el 31 de julio de 2018 por parte del Poder Ejecutivo para incrementar el límite de endeudamiento interno en ¢600 mil millones, con el fin de hacer frente a los vencimientos de 2018, esto debido a mayores colocaciones de títulos de corto plazo al finalizar el 2017 y menores operaciones de canje en 2018.
También, las amortizaciones de títulos de la deuda sin contar con el necesario contenido presupuestario al 31 de julio de 2018 por un monto de ¢182 mil millones (¢48 mil millones de corto plazo y ¢134 mil millones de largo plazo) ante cambios no previstos en las colocaciones y menores canjes.
Y por último, las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no están siendo presupuestadas (aumento del 0,58% a 1,24% en la cuota estatal), aunque sí se registran como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecutivo.
“Hacemos un llamado vehemente, urgente a que nuestras autoridades tomen decisiones ya, la reforma fiscal está ahí esperando y es necesaria para iniciar el camino por la senda de la sostenibilidad; también es necesario que se tomen medidas estructurales por el lado del ingreso y por el lado del gasto, no hacerlo va a tener consecuencias de orden económico, pero más importante también de orden social”, concluye Acosta.
