San José, 12 jun (elmundo.cr) – El Quinto Informe Estado de la Justicia advierte que el sistema penal costarricense está operando al borde del colapso, con un Ministerio Público saturado, con poca capacidad de respuesta ante una demanda creciente de casos, y sin recursos suficientes para llevar adelante los procesos.
“La mayoría de expedientes se desestiman en la fase preliminar”, revela el informe, lo cual significa que una enorme cantidad de denuncias penales no llegan nunca a juicio, dejando sin respuesta efectiva a las víctimas y reforzando la sensación de impunidad.
Pese a que las denuncias en materia penal se estabilizaron después de un crecimiento sostenido, la demanda sigue siendo alta en zonas específicas del país, especialmente aquellas con alta concentración delictiva, donde se registran los mayores costos judiciales por caso.
“Mayor gasto por caso en circuitos con alta concentración delictiva”, señala el documento.
Además, el informe denuncia que el modelo de mejora integral en penal carece de presupuesto:
“El modelo de mejora integral en penal no tiene contenido presupuestario”, lo cual limita severamente su implementación a nivel nacional.
Alta rotación y presión fiscal
Otro factor crítico es la alta rotación del personal del Ministerio Público, que impide consolidar equipos especializados y afecta directamente la calidad de la atención.
“Recurso humano aumenta poco en contexto de alta rotación”, detalla el informe, lo cual crea cuellos de botella en la tramitación de expedientes, especialmente en circuitos con mayor carga delictiva.
Además, aunque se han aprobado reformas legales en materia penal, muchas de ellas fueron implementadas sin el correspondiente respaldo financiero, lo que genera un desfase entre obligaciones legales y capacidad institucional.
Procesos que duran años
El informe presenta un análisis detallado de la duración de los procesos penales, indicando que las acusaciones y la justicia restaurativa son las que presentan mayores duraciones. Asimismo, los casos vinculados a delitos contra la función pública o la Ley Forestal pueden extenderse por años.
“La duración para cada fase varía, con mejoras puntuales, pero persisten desafíos”, destaca el PEN.
El tiempo que toma cerrar un expediente puede alcanzar varios años en los casos más complejos, lo que afecta la percepción ciudadana sobre la eficiencia del sistema judicial.
¿Qué se propone?
El informe propone una serie de medidas urgentes:
-
Coordinar mejor los esfuerzos interinstitucionales para prevenir la criminalidad
-
Reorientar recursos hacia el Ministerio Público, no solo hacia el OIJ o el Poder Judicial
-
Incorporar presupuesto real y constante al modelo de mejora penal
-
Aumentar las capacidades del personal mediante formación continua y estabilidad laboral
“Reducir la demanda del sistema penal implica coordinación y trabajo preventivo”, concluye el informe con firmeza.
La advertencia es clara: sin una respuesta estructural, el sistema penal continuará desechando expedientes y dejando a muchas personas sin acceso a justicia. La impunidad, silenciosa y burocrática, se está normalizando en Costa Rica.
