San José, 24 set (elmundo.cr)- Los representantes del Sindicato Nacional de Enfermería expresaron una serie de preocupaciones frente a la discusión del proyecto de empleo público que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.
Tanto Lenín Hernández como Mario Rojas del Sindicato de Enfermería y de la Rerum Novarum, fueron enfáticos en asegurar que el proyecto requiere mayor análisis.
Indicaron estar de acuerdo con los cambios en el modelo de administración pública, porque a su criterio, mucho del entrabamiento que se da en la función pública se debe a problemas con los mandos medios.
El proyecto de Empleo Público lo que pretende es regular las relaciones de empleo entre el Estado y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, y la protección de los derechos laborales en el ejercicio de la función pública en el estado social y democrático de derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno.
La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, crea ocho subregímenes en reconocimiento de las particularidades de los bienes y servicios que brinda el Estado, así como de las particularidades de los perfiles de personas servidoras públicas para cumplir con tales fines; estos estarán conformados por: servidores públicos bajo el ámbito de aplicación del título I y del título IV del Estatuto de Servicio Civil, personas servidoras en ciencias de la salud, los servidores policiales, los trabajadores del sistema educativo público.
Además, de las personas servidoras de las universidades públicas, de las dependencias del Poder Judicial, los trabajadores de confianza y los servidores del Servicio Exterior.
Hernández manifestó que les preocupa el tema salarial en los relativo a los derechos adquiridos de los trabajadores.
En cuanto al tema de remuneraciones, el proyecto establece que los salarios de las nuevas personas servidoras públicas, serán siempre iguales para igual trabajo en idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones.
El presidente de la Comisión, el diputado David Gourzong Cerdas, le consultó a los representantes sindicales sobre cómo podría afectar la propuesta de ley al sector salud del país.
Hernández indicó que la Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con más de 580 tipos diferentes de puestos y se debe tener cuidado con el pago de las remuneraciones.
Para el sindicalista se debe tomar en cuenta el tema de competitividad al momento de plantear un salario global, porque muchos especialistas que hoy trabajan para el sector público podrían trasladarse a laborar en lo privado.
Por su parte, el legislador independiente Jonathan Prendas Rodríguez, les consultó sobre el criterio de la Contraloría que catalogó el proyecto como insuficiente y qué estarían dispuestos a ceder para lograr una ley más eficiente.
Hernández señaló que el proyecto puede mejorarse y se debe analizar si la propuesta va orientada a la búsqueda de eficiencia del Estado o es un tema meramente económico. Sobre qué se debería ceder manifestó que se debe buscar la eficiencia del servidor público.
El proyecto establece que el salario del Presidente de la República será el salario más alto de la Administración Pública, mientras que la fijación de los salarios se realizará tomando en consideración una valoración cualitativa y cuantitativa de los puestos.
Entre los criterios de valoración se considerarán las funciones, responsabilidades, complejidad, requisitos, estudios de mercado, estudios de salarios en puestos semejantes, entre otros.
Cada subrégimen de empleo público tendrá una escala de salario global que indicará el puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora pública que lo ostente.
