San José, 28 ago (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, criticó que el Gobierno de Laura Fernández es un “gobierno de puertas cerradas”.
Segura señaló que “para gobernar no basta tener opiniones, se necesitan datos. Para fiscalizar tampoco basta sospechar, se necesita información. Y para que exista democracia no basta con ir a votar cada cuatro años. Necesitamos poder preguntar, que nos respondan y comprobar si quienes gobiernan están haciendo bien su trabajo”.
“Este gobierno le exige hacer malabares presupuestarios a Raymundo y a todo el mundo, a las universidades públicas, al Poder Judicial, a las madres de familia, los padres de familia, a los pensionados. Pero mientras le exige información a los demás, desde el propio gobierno vemos cada vez más puertas cerradas”, aseguró.
La frenteamplista recalcó que “apenas hace unos días del preocupante decreto del secreto de Estado, que de paso es una copia de un decreto de Bukele, el MEIC ha impuesto acuerdo de confidencialidad para funcionarios sobre información conocida en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que ahora tampoco vamos a saber qué pasa con economía, industria y comercio”.
“La propia Sala Constitucional tuvo que ordenarle al gobierno reglamentar una ley que debería en este momento ser de muchísima ayuda, como es la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, porque el gobierno había incumplido el plazo establecido por ley. Y sí, justamente la Sala tuvo que ordenarle al gobierno que le cumpliera a la gente. A este momento esa ley sigue sin reglamentarse, ya pasó el plazo que le dio a la misma Sala. Y mientras tanto, el gobierno crea nuevas formas de confidencialidad”, cuestionó.
“¿Se imaginan lo absurdo que es que una democracia haya que presentar un recurso de amparo para que el gobierno responda una pregunta? Bueno, ya no tienen que imaginárselo, porque eso es justamente lo que sucede en el gobierno jaguar”, sostuvo.
Segura comentó que “en una reciente evaluación anticorrupción que nos hizo la OCDE, se encontró que el país cumple apenas el 56% de los criterios normativos y el 46 de los criterios prácticos de acceso a la información pública. Es decir, que si esto fuera un examen que se pasa con un 100, apenas estaríamos cumpliendo con un 40. Y eso que la OCDE no sabe que parte de la información que utilizó, pues ya no existe”.
“La OCDE anota que la responsabilidad de la política de datos abiertos y su seguimiento recae en el gobierno central, a través de la Comisión Nacional para un Estado Abierto. ¿Alguien sabe dónde está la Comisión Nacional para un Estado Abierto? ¿O la Comisión Nacional de Datos Abiertos? ¿O ni siquiera saben que existe? Bueno, está en el congelador hace aproximadamente cinco años”, agregó.
La diputada insistió en que “sin datos no sabemos si la política funciona, sin datos no sabemos cuánto cuesta, sin datos no podemos comparar, sin datos no podemos corregir, sin datos tampoco podemos exigir responsabilidades. Porque los recursos públicos no son propiedad del gobierno, son de la gente”.
“Un gobierno puede decirnos que la inseguridad ha mejorado, que la economía ha mejorado, que la política funciona, que una institución es eficiente o ineficiente. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto o no? Con datos, con información. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas de un país sin datos? No se puede. Simple y sencillamente no se puede”, comentó.
Segura recalcó que “por eso costarricenses, por eso es que este país sigue estancado, porque no hay voluntad política de solucionar los problemas con evidencia, por eso el desempleo juvenil aumenta, por eso cada vez a usted le alcanza menos el salario, por eso las carreteras y las presas son un caos en este país, por eso la educación no tiene rumbo, por eso aumenta la inseguridad y por eso hoy quieren que usted lleve palo trabajando sin que le paguen horas extra”.
“Costa Rica no puede gobernarse a puro aire. El problema es que estamos dejando de tener una democracia basada en evidencia a tener un gobierno basado en confianza obligatoria y en democracia, la ciudadanía no está obligada a creerle al gobierno. El gobierno está obligado a rendir cuentas y la ciudadanía tiene derecho a comprobarlo”, concluyó.
