San José, 24 jun (elmundo.cr) – Luego de años de espera, la tarde de este miércoles, los diputados avalaron el informe final de la Comisión Investigadora sobre los Papeles de Panamá, con 43 votos a favor.
En abril de 2016 se publicó una investigación periodística por diferentes medios de comunicación de diferentes países, que se basó en la filtración de documentos confidenciales de la oficina de abogados Mossack Fonseca de Panamá.
La socialcristiana aseveró que con esa investigación se levantaron “chingos” a empresarios, políticos, bufetes y banqueros involucrados en el uso de paraísos fiscales para el establecimiento de estructuras que pueden facilitar la evasión y elusión tributaria.
Asimismo, Díaz sentenció que el país no está para más pérdidas, ni para dejar de percibir ingresos por la evasión fiscal de las empresas.
Según la legisladora “si existiera una buena recaudación y si se cerraran los portillos para la elevación y el fraude fiscal, tendríamos muchos problemas menos”.
La comisión determinó una serie de temas en los que se recomienda aprobar iniciativas de ley nuevas o adecuar la legislación existente, para cubrir los vacíos legales que facilitan la elusión y evasión fiscal.
Ante esto, Díaz sentenció que ahora esa será la tarea que, en este último periodo, “nosotros podemos asumir y avanzar un poco en este complejo tema”.
Finalmente, aseguró que este caso ha quedado en nada y espera que no pase lo mismo con la UPAD y el caso Cochinilla.
El informe presentado en el 2017, señala una serie de recomendaciones dentro de las que están la implementación de la renta global, además, de reformas al Código de Comercio y Reformas al Código Tributario y mayores controles judiciales en temas de legitimación de capitales.
En el caso de la renta global, el documento establece que Costa Rica deberá pasar en algún momento a tener un sistema de este tipo, no solo porque es la tendencia internacional, sino porque es más simple el pago del impuesto para el contribuyente, porque no separa cada renta con tasas diferentes, sino que tributa sobre todo lo que recibe a una tarifa única.
También plantea reformas al delito de legitimación de capitales, para que se modifiquen las penas: “La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas”.
