San Pedro, 5 abr (elmundo.cr)- El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, recomienda al Presidente Luis Guillermo Solís vetar proyecto de empleados de Bancrédito si aprueban texto actual.
Se trata específicamente del expediente 20525 “Ley de Protección y defensa de las personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago”.
La solicitud de Alfaro se da luego de analizar criterios negativos emitidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y el interventor de la entidad.
“El artículo 5, constituye un riesgo financiero para el país, las opiniones de las entidades expertas evidencian que aprobar esta legislación es una decisión inapropiada en la actual coyuntura fiscal, por lo que, cumpliendo mi mandato como Ministro de la Presidencia, aconsejaría al Presidente de la República vetar la iniciativa en caso aprobarse con las debilidades que las entidades de gobierno ya han señalado ante la Asamblea Legislativa”, afirmó el ministro.
Las irregularidades detectadas por dichos entes se relacionan con el artículo 5 del proyecto, el cual establece una bonificación complementaria de hasta cuatro salarios, que se le sumarían a la cesantía que ya gozan los trabajadores de ese banco (que es por la totalidad de años laborados en el mismo), desembolso que deterioraría la situación financiera de Bancrédito y que, en caso de no poder ser sufragado por la entidad bancaria, comprometería el presupuesto nacional con una nueva obligación para la que no existe fuente de financiamiento.
El artículo 3 del proyecto está relacionado con la devolución de sumas individualizadas acreditadas en el Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados de Banco Crédito Agrícola de Cartago y el posible debilitamiento de las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones.
“Los diputados cuentan con las herramientas procedimentales para corregir los problemas que presenta la iniciativa 20.525. Los artículos 177 y 154 del reglamento legislativo permiten realizar las modificaciones necesarias con el fin de contar con un proyecto de ley adecuado, que proteja tanto los intereses de los trabajadores como las finanzas públicas”, concluyó Alfaro.
