San José, 15 ene (elmundo.cr) – Diversos sectores sociales se han unido en una contundente oposición a la propuesta de modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, advirtiendo sobre los riesgos para la salud pública que conlleva su flexibilización.
La Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) ha lanzado una campaña de recolección de firmas, denunciando que la reforma “es un grave retroceso para la salud pública y el medio ambiente”. “El agua es un derecho fundamental que debemos proteger”, afirmaron en un comunicado.
Por su parte, el Frente Ecológico de Cipreses solicitó formalmente aclaraciones a la ministra de Salud, Mary Munive, cuestionando los fundamentos científicos y jurídicos de la propuesta. “La reforma busca tergiversar el principio precautorio para permitir que se realicen análisis de riesgo con el fin de suspender el suministro solo después de definir un valor específico”, explicó la organización.
Los ecologistas también lamentaron que en Costa Rica no exista un monitoreo continuo de las fuentes de agua ni de los operadores de abastecimiento de agua, “ni por parte del Ministerio de Salud y con capacidad limitada para detectar la mayoría de agrovenos”.
Las organizaciones ecologistas también han enviado cartas a la Aresep, Universidades, ASADAS y la Defensoría de los Habitantes para que se pronuncien sobre la reforma. “Es fundamental mantener el ‘Valor Máximo Admisible’ y no reemplazarlo por un valor de alerta”, recalcaron.
Este rechazo generalizado refleja la preocupación de distintos sectores por los posibles impactos negativos de la reforma en la salud y el bienestar de la población.
