San José, 21 abr (elmundo.cr) – Una interpretación que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hizo de la “Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, tiene atado de manos a la Contraloría General de la República y a los diputados de la Asamblea Legislativa, de ejercer su función fiscalizadora.
El artículo 35 de dicha Ley es el que impide que los diputados y la propia Contraloría puedan conocer y analizar los estados financieros de esta empresa estatal, ya que el ICE declaró como “secretos” sus estados financieros, los de Radiográfica Costarricense (RACSA) y los de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
ARTICULO 35.- Manejo de información confidencial
(…)
Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros.
–Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones
Inclusive, el ICE presentó una demanda contra la Contralora, Marta Acosta por emitir disposiciones a RACSA para que esta superara el déficit fiscal que venía reportando tiempo atrás.
Desde entonces, Acosta ha mantenido recelo en sus declaraciones en torno a los estados financieros de las empresas que conforman el Grupo ICE.
Hoy en la Comisión del Ingreso y el Gasto Público, los legisladores sesionaron junto a la contralora de forma secreta, de modo que no quedan actas de lo que se habla ni tampoco puede haber otras personas como asesores o periodistas en el recinto.
A su salida del encuentro, Marta Acosta se limitó a decir que la Contraloría General de la República no pudo concluir una auditoría que hacía a las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad, ya que la estatal declaró secretos dichos datos y no se los remitió.

CRÍTICAS. Diputados de diversos partidos políticos han criticado el secretismo que mantiene el ICE de sus finanzas y la de sus empresas, por lo que plantearon un proyecto que interpreta la Ley, de modo que estos puedan ser conocidos públicamente.
Mario Redondo, presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público afirmó que no se vale en un Estado de Derecho, que tiene en su Constitución Política la obligación de rendir cuentas de los funcionarios y entidades públicas, tener una empresa -que es la segunda en presupuesto-, que se siga manejando con tanto secretismo.
“El pueblo merece conocer cuáles son los negocios que maneja el ICE y como se maneja ese dinero. Aquí definitivamente creemos que es urgente avanzar en transparencia. Hemos insistido para que se convocara este proyecto, pero lamentablemente don Edgardo Araya la tiene bloqueada en la Comisión de Jurídicos”, criticó Redondo Poveda, quien afirmó que no comprende cuáles son los intereses de un sector del Frente Amplio de seguir ocultando los negocios del ICE.
“A mi no me huele bien el ICE, no me genera confianza. Me parece que es increíble que ni siquiera la Contraloría General de la República le quieran hablar con claridad sobre cuál es su situación”, concluyó.
Por su lado, Otto Guevara Guth, diputado del Movimiento Libertario declaró que “es claro que el secreto o la confidencialidad a la que se refiere la Ley 8660 se refiere a secretos comerciales para una parte de la actividad del ICE que está sujeta a competencia. Para todo lo demás no debe haber ningún secreto porque son recursos públicos y la transparencia en el uso de recursos públicos debe prevalecer sobre cualquier interés”.

El legislador recordó que en un momento, el ICE le negó los datos de cuántos trabajadores tenía, pero logró conseguirlos gracias a la CCSS.
“Esto lo único para que sirve es para esconderle a la ciudadanía la gran cantidad de proyectos fallidos donde la plata, en millones de dólares se ha dilapidado, se ha tirado a un basurero y todos esos proyectos los termina pagando el pueblo a través de tarifas eléctricas más caras y servicios de telefonía deteriorados”, afirmó Guevara Guth, quien recordó que el asunto va mucho más allá de tener acceso a la información.
“Nada hacemos con tener acceso a estados financieros del ICE si se basan en un marco referencial contable elaborado por el mismo ICE sin utilizar las normas internacionales que se utilizan para los estados financieros. Si no utilizan esas normas, ellos van a seguir maquillando cifras y acomodándolas de acuerdo a sus propósitos y con eso ocultándole al pueblo costarricense que es el dueño del ICE, los pésimos manejos de los que ha sido objeto esta institución”, cuestionó.
Guevara especuló de que podría haber compra de equipos no necesarios o ampliación de contrataciones para favorecer algún proveedor.