San José, 28 oct (elmundo.cr) – La secretaria general del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Yorgina Alvarado Díaz, rechazó categóricamente los señalamientos de Gilberth Díaz, presidente de la organización, quien ha sostenido que el Gobierno pretende tomar el control del sindicato a través de la agrupación político-sindical que ella representa, FARO.
Alvarado calificó las aseveraciones de Díaz como infundadas y advirtió que estas pretenden “desviar la atención de un hecho trascendental: tras 20 años sin elecciones sindicales, la papeleta de Díaz fue declarada ganadora sin que las 65.000 personas afiliadas tuvieran la oportunidad de votar”.
“Más que una conferencia de prensa, esto fue un acto proselitista. Si yo fuera protegida de alguna fuerza política, estaría financiando páginas alternativas, pagando a medios de comunicación y organizando conferencias de prensa para que promocionen mi discurso”, enfatizó la dirigente.
La secretaria general subrayó que su agrupación no responde a intereses político-partidarios, señalando que “esta servidora y los miembros de la papeleta FARO no vamos a responder a ninguna fuerza político-partidaria”, al tiempo que recordó que el propio Gilberth Díaz mantuvo vínculos con el Partido Acción Ciudadana (PAC) en 2018.
Conflicto electoral y debido proceso
Alvarado cuestionó que una organización del Magisterio Nacional, cuya labor debería ser la enseñanza de valores democráticos, enfrente actualmente “atropellos al proceso de elección”.
Según la dirigente, las elecciones programadas para el pasado 20 de octubre no se llevaron a cabo debido a la expulsión ilegítima de dos candidatos de su papeleta, maniobra que, a su juicio, buscaba impedir la competencia electoral para mantener el control del sindicato.
Respecto al proceso disciplinario impulsado por el Tribunal de Ética, que derivó en una sanción en su contra por el uso de tarjetas de la organización, Alvarado denunció una clara violación al debido proceso.
Aseguró que la audiencia se realizó a pesar de que ella presentó una incapacidad médica debidamente avalada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que le impidió ejercer su defensa.
“Esas tarjetas se utilizaron con total responsabilidad. El dinero que refleja cada transacción tiene una justificación real y lo vamos a demostrar”, concluyó Alvarado, quien se declaró lista para presentar las pruebas correspondientes ante el Ministerio Público.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto de alta tensión interna en el SEC, donde el Ministerio de Trabajo ha intervenido recientemente al declarar ilegal la expulsión de directores del sindicato, frenando los intentos de la cúpula actual por apartar a la oposición de sus cargos.
