San José, 15 set (elmundo.cr) – El diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, solicitó al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) información en relación con la restricción vehicular sanitaria, las placas decomisadas y los montos recaudados por las infracciones.
La semana pasada, Abarca tuvo que acudir a los magistrados para exigir los datos.
Abarca indicó que se han realizado 27.833 boletas por irrespeto a la restricción vehicular, lo cual demuestra que ha sido una medida que se ha empleado de forma agresiva y que no ha tenido el efecto que se quería de limitar la circulación de las personas, los oficiales de tránsito y policía municipal han tenido la consigna de realizar multas por restricción.
Además señaló que en las oficinas de San José y San Carlos se tarda un plazo de alrededor de 28 y 16 días naturales respectivamente para la devolución de placas. La Sala Constitucional había señalado que se debía hacer en un plazo no mayor a 10 días.
En algunas ocasiones tardan hasta 40 días en la devolución, 3 días para que los oficiales lleven las placas al Cosevi, 2 días para la inclusión en el sistema, es decir, el usuario puede sacar la cita hasta el día 5, y se está tardando en dar cita para la devolución entre 15 y 30 días.
«Alrededor de 5 semanas sin placas, una medida desproporcional y abusiva», afirmó el diputado.
El legislador advirtió que se han recaudado ₵1.092.424.138.52 colones (mil noventa y dos millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento treinta y ocho colones con cincuenta y dos céntimos), lo cual evidencia el efecto recaudatorio que tiene la restricción vehicular, evidenciando un verdadero negocio para el gobierno.
Abarca comentó que 7.539 boletas han sido impugnadas, 8.341 boletas en estado condenadas y 339 en estado pendiente. Para el legislador, la gran cantidad de impugnaciones evidencia una mayor tramitología y gastos para el usuario y para el mismo estado, así como la inconformidad con la que se realizan esas multas. Además, no se aclara en cuantas se ha levantado la multa y resuelto a favor del usuario.
«Lo más preocupante es que producto de la cantidad de impugnaciones, el Cosevi ha tenido que recurrir al pago de horas extra para poder resolver, y aun así, se está tardando en promedio de 3 a 6 meses cuando no se requiere realizar audiencias, y más de 1 año en caso de realizarse las audiencias», advirtió Abarca.
Al respecto señaló el Cosevi que «debido al aumento de retiro de las placas y vehículos por infracciones a la Ley de Tránsito, motivo de la Restricción Vehicular Sanitaria por Emergencia Nacional de COVID-19, se implementaron dos Proyectos de Horas Extras dando inicio el 15 de junio y extendiéndose hasta el 15 de setiembre del año en curso (ambos Proyectos)».
Según Abarca, lo anterior solo genera un aumento en el gasto público en tiempos donde se debería de buscar la reducción y ahorro.
Para el diputado, la restricción se ha convertido en una medida que solo afecta más a los miles de costarricenses y no se ha cumplido con el objetivo por el cual se aumentaron las sanciones.
“El contagio no ha disminuido y las personas necesitan movilizarse para trabajar. ¡Se debe devolver a su estado inicial la sanción!», concluyó.
