Heredia, 7 ago (elmundo.cr) – En junio de 2020, se publicó en el diario oficial La Gaceta la Ley N°9859 mediante la cual se introdujeron las reformas en materia de usura crediticia a la Ley N°7472.
A tres años de su implementación, la Ley de Usura permitió que la salud financiera de la ciudadanía mejorará, aunque persisten importantes pendientes en esta materia, según la opinión de los especialistas que analizaron el tema en el programa UNA Mirada de la Universidad Nacional .
El objetivo principal de esta ley es proteger a los consumidores y promover la estabilidad y la equidad en el sistema financiero, de modo que contempla la regulación de tasas máximas, sostienen.
“Entonces la Ley de Usura viene a poner topes a esas tasas de interés en esos segmentos que son diferenciados; además, viene a darle responsabilidades a SUGEF, al Ministerio Economía y al Banco Central en el proceso de regulaciones prudenciales, para que el mercado financiero se vuelva mucho más competitivo y más dinámico”, explicó Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) y quien estuvo muy de cerca al proceso de creación de la ley.
Vargas agregó que las tasas de interés en el país disminuyeron un promedio de alrededor de diez puntos porcentuales desde la implementación de la Ley de Usura y, en el caso de los créditos personales, también hay una reducción en las tasas de interés, aunque en menor medida que en las tarjetas de crédito.
Welmer Ramos, economista y uno de los diputados que promovió la ley en el Congreso de la República en su momento, enumeró una serie de datos que justificaban su aprobación, pues en Costa Rica había tasas de hasta el 210 por ciento anual.
“Cuando arrancamos con esto, en el 2014, había cuatro millones de colones prestados a tasas que superaban el 62%, entonces el sobrepago que hacían los costarricenses era muy, muy alto” puntualizó.
Mientras que el exdiputado y promotor del proyecto en la Asamblea Legislativa, David Gurzong, indicó que “creo que los costarricenses han visto un gran beneficio porque a pesar de que en este momento las tasas de interés no están donde nosotros queríamos, logramos establecer un acuerdo, una fórmula y procedimientos para los microcréditos que utilizan las financieras que venden electrodomésticos, las casas de empeño, y logramos también que los costos estuvieran dentro de las tasas”.
Por su parte, Vargas comentó que “desde el punto de vista financiero, la ley ha sido un aporte muy importante a la competencia en el mercado y a la innovación”, pues las entidades financieras buscan diferenciarse de sus competidores ofreciendo una amplia gama de productos y servicios, además de que compiten en términos de calidad del servicio al cliente, buscando ofrecer una experiencia más satisfactoria y personalizada”.
En el marco del aniversario de la implementación de la Ley de Usura, el Cinpe-UNA realizó un estudio que demostró que la disminución en las tasas de interés en los créditos personales, mejoró la accesibilidad al crédito para los consumidores y estimuló la demanda de préstamos. Además, obligó a las entidades financieras a ser transparentes en cuanto a las tasas de interés y otros cargos asociados, lo que ha permitido a los consumidores tomar decisiones informadas.
La investigación indica que, “al contar con información clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, los consumidores pueden comparar diferentes opciones y elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad de pago. La transparencia en la divulgación de las tasas de interés y otros cargos permite a los consumidores comparar fácilmente las ofertas de diferentes instituciones financieras”.
A tres años de la implementación de esta ley, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) considera que los avances son positivos aunque falta mucho por resolver en torno a las problemáticas del consumidor.
Danilo Montero, director de la OCF, indicó que los retos son mayores desde que Costa Rica está inserta en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), porque la tramitología encarece los créditos de pequeños y microempresarios por lo que la tasa máxima no es suficiente.
Los especialistas coincidieron en la necesidad que tiene el país de disponer datos actualizados y criticaron a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y al Banco Central por no tener información de acceso público que le permita al consumidor financiero tomar decisiones, comparar tasas y oferentes de tarjetas o créditos.
“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la SUGEF no han cumplido todavía su rol de supervisar efectivamente el cobro de las tasas por debajo del límite de la usura, y sabemos que no se ha planteado ni una sola denuncia penal contra los entes financieros que están cobrando por encima de lo que es hoy un delito penal” , señaló Daniel Vartanian, economista y exfuncionario del MEIC.
Vargas agregó que actualmente hay vacíos en cuanto a la educación financiera y la implementación de una Política Nacional de Educación Financiera que permita a los consumidores tomar decisiones saludables a la hora de acceder a un crédito o aceptar una tarjeta. El MEIC es la entidad responsable de poner esta política en marcha, pero no se ven avances.
