San José, 15 abr (elmundo.cr) – La Sala Constitucional ordenó a la Presidencia de la República iniciar una investigación sobre las actuaciones de la viceministra de Aguas y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía, Haydée Rodríguez Romero en contra del movimiento social organizado por los pescadores en agosto del 2018.
El plazo para concluir la investigación se cumple el próximo mes y es la respuesta a un recurso de amparo presentado por el Sector Pesquero Palangrero Nacional tras casi cinco meses de haber presentado una denuncia formal de primera instancia ante la Presidencia de la República y no recibir respuesta sino hasta febrero pasado.
Los hechos se remontan a agosto del 2018 en momentos en que el gobierno y el sector pesquero iniciaron un proceso de diálogo a raíz las manifestaciones públicas organizadas por los pescadores.
Mientras las autoridades nacionales y los manifestantes intentaban ponerse de acuerdo, la viceministra Rodríguez se comunicó con algunos pescadores de Guanacaste para incitarlos a enfrentarse con sus colegas de Puntarenas y desvirtuar el movimiento.
Mauricio González, director ejecutivo del Sector Pesquero Nacional señaló que “la señora Haydée Rodríguez Romero se puso en contacto con uno de nuestros colegas días antes de la manifestación, solicitándole que grabara un audio en contra de determinadas pesquerías, en representación de toda la provincia de Guanacaste, así como que se filmaran videos por parte de las comunidades con el mismo mensaje. Su intención, era dividir nuestro movimiento e intervenir en asuntos que eran propios de los pescadores y no de una funcionaria de Gobierno”.
Frente a estos hechos y con grabaciones de audio en su poder, los pescadores denunciaron el caso ante la Casa Presidencial y solicitaron de hecho la destitución de la funcionaria.
Ante la falta de respuesta lo hicieron luego ante la Sala Constitucional que acogió su pedido de investigación de los hechos.
González indicó que “lo que más nos preocupa es que por su trayectoria profesional, la señora Rodríguez ha manifestado de manera reiterada su oposición a cualquier tipo de pesca y ahora en posición de jerarquía en el gobierno, utiliza su posición para inmiscuirse en los asuntos de un gremio que no es el suyo”.
“A la fecha no se ha resuelto esta situación y la señora Rodríguez no sufrió ninguna sanción ni se le reprocharon estas irregularidades sumamente preocupantes, cometidas en el ejercicio de sus funciones como viceministra”, agregó.
Según los análisis jurídicos que sustentaron el recurso de amparo las actuaciones de la viceministra de Mares van en contra del deber de probidad y la obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público.
“Desde el sector pesquero abogamos porque el caso se resuelva con prontitud y se toman acciones concretas para sancionar la conducta de la funcionaria”, concluyó González.
