San José, 06 feb (elmundo.cr) – La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregar los archivos de respaldo que contienen la información utilizada para sustentar el Estudio de Razonabilidad de Precios elaborado por el Área de Contabilidad de Costos, documento en el que se fundamentó el criterio de “precios excesivos” que dio origen al denominado caso barrenador.
La orden se produce tras un recurso de amparo interpuesto por la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, quien solicitó desde octubre de 2025 el acceso a dicha documentación al considerar que resulta indispensable para demostrar que el caso se construyó sobre premisas falsas.
En su momento, el gerente financiero de la institución, Gustavo Picado Chacón, negó la entrega de la información alegando que seguía instrucciones de la Dirección Jurídica de la CCSS y que los datos no podían ser facilitados debido a la existencia de un proceso penal en curso relacionado con el tema.
No obstante, en la resolución del expediente 26-000167-0007-CO, la Sala Constitucional determinó que la información solicitada no se encontraba formalmente sometida a un régimen de reserva debidamente declarado, ni que su entrega estuviera jurídicamente impedida conforme al ordenamiento constitucional.
En consecuencia, el alto tribunal ordenó a la CCSS suministrar la documentación requerida.
Además, la Sala dispuso que los hechos denunciados por Esquivel Rodríguez sean puestos en conocimiento de la autoridad competente, a fin de valorar la apertura de un procedimiento disciplinario contra el gerente financiero por una eventual infracción a los deberes funcionales vinculados con el acceso a la información pública.
Una situación similar enfrentaron las cooperativas de salud cuando solicitaron a la Contraloría General de la República investigar a los funcionarios que elaboraron una Nota Técnica que validó el estudio del área de Costos de la CCSS y que, según las cooperativas, contendría irregularidades graves y conclusiones erróneas.
En ese caso, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, mediante la resolución R-DC-00080-2025, negó el acceso a la información al señalar que formaba parte de un proceso penal, lo que, a su criterio, impedía realizar la investigación solicitada.
Esta negativa motivó que las cooperativas interpusieran demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa tanto contra la jerarca de la Contraloría como contra los autores de la Nota Técnica cuestionada.
Hasta la fecha, ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ni el Ministerio Público, ni la Contraloría General de la República han logrado explicar de manera técnica y documentada los supuestos sobreprecios señalados en el caso.
Para Esquivel Rodríguez, se trata de una persecución de carácter político que, además, pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud que brindan las cooperativas a cerca de medio millón de personas en todo el país.
