San José, 11 jun (elmundo.cr) – La Presidencia de la Sala Constitucional expresó este miércoles su profunda preocupación tras el fracaso de la Asamblea Legislativa en la designación de las magistraturas suplentes, una situación que, según el alto tribunal, afecta directamente la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
A través de un comunicado oficial, el órgano constitucional lamentó que el Congreso no lograra concretar los nombramientos, a pesar de que el proceso de selección —liderado por la Corte Suprema de Justicia y la propia Sala— se caracterizó por su “rigor, transparencia y estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”.
La falta de consenso político en el Plenario Legislativo ha derivado en un estancamiento prolongado. Tras once rondas de votación infructuosas, en las que el oficialismo optó por dejar sus boletas en blanco, los diputados acordaron devolver la nómina de 18 candidatos a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo el envío de una nueva lista.
Impacto en la justicia constitucional
La crisis de nombramientos no es un tema menor para el sistema judicial costarricense. Según informó la Sala Constitucional, actualmente se registran 87 expedientes con inhibitorias, lo que impide su resolución inmediata.
Estos casos, que incluyen recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, procesos de hábeas corpus y consultas legislativas, se encuentran en un limbo jurídico debido a la ausencia de magistraturas suplentes que puedan integrar el tribunal ante las ausencias temporales de los propietarios.
“Esta situación incide directamente en la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas que han requerido los servicios del Tribunal Constitucional”, advirtió la Presidencia de la Sala en su misiva.
El proceso para elegir a los nuevos suplentes podría extenderse hasta por un año si se debe reiniciar el concurso público desde cero, tal como han advertido diversos sectores legislativos.
Mientras tanto, la parálisis en el Congreso mantiene en vilo la resolución de asuntos ciudadanos de vital importancia, afectando la celeridad que caracteriza a la jurisdicción constitucional en Costa Rica.
