San José, 28 jul (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley que pretende romper con la afiliación obligatoria al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, permitiendo que los funcionarios de este sector puedan optar por cotizar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La propuesta busca corregir lo que la legisladora califica como una desigualdad en las condiciones de cotización del empleo público. Actualmente, los trabajadores judiciales enfrentan una de las contribuciones obreras más elevadas del país, una carga que, según el proyecto, no se traduce en beneficios proporcionales tras las reformas aplicadas al fondo en años recientes.
“Las personas trabajadoras del Poder Judicial deben tener el derecho de decidir dónde cotizar para su pensión. No es justo obligarlas a permanecer en un régimen que les exige aportes superiores, pero que ya no ofrece las mismas condiciones ni beneficios de antes”, señaló Esquivel.
Bajo este nuevo esquema, tanto los funcionarios activos como quienes ingresen al Poder Judicial en el futuro tendrían la potestad de elegir voluntariamente su régimen de pensiones. El texto del proyecto incluye mecanismos para regular el traslado de cuotas y derechos acumulados, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores y proteger la sostenibilidad financiera de ambos sistemas.
Esquivel enfatizó que la iniciativa no impone traslados forzosos, sino que se centra en la libertad individual: “Este proyecto no obliga a nadie a trasladarse. Quienes deseen permanecer en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial podrán hacerlo. Lo que estamos defendiendo es la libertad de elección y el derecho de cada trabajador a tomar la decisión que considere más conveniente para su futuro”.
El proyecto también pretende fortalecer el IVM mediante la incorporación de nuevos cotizantes, promoviendo una discusión sobre la equidad y la transparencia en los regímenes de pensiones financiados por los trabajadores y el Estado.
La propuesta se suma a los esfuerzos legislativos históricos en Costa Rica por buscar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, un tema recurrente en la agenda nacional ante los desafíos demográficos y económicos que enfrenta el país.
