San José, 31 may (elmundo.cr) – La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras contra el Banco Popular.
El presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, Hugo Hernández, presentó dicho recurso porque no le fue entregado el informe de evaluación de idoneidad de juntas directivas, sus miembros y altas gerencias 2023, realizado por la consultora KPMG, que fue sacado a la luz pública por La Nación.
Por su parte el Banco Popular, en su informe rendido ante la Sala Constitucional, expuso que dicha información fue denegada porque forma parte de un procedimiento administrativo en curso que esta siendo tramitado bajo las reglas del debido proceso, por lo que información presenta “un carácter restringido para su acceso”.
Dicho informe forma parte de un procedimiento administrativo instaurado en el que se analiza la idoneidad de las juntas directivas, sus miembros y otras altas gerencias del Banco Popular, por lo que su acceso es restringido a las partes.
La Sala Constitucional recalcó que no logró constatar que el recurrente y la organización que representa formen parte del procedimiento administrativo en mención.
Por otro lado, señalan que la negativa a brindar la documentación solicitada encuentra asidero en el artículo 273 de la Ley General de Administración Pública.
La Sala Constitucional indica que no observa actuación arbitraria por parte del Banco Popular.
