San José, 24 feb (elmundo.cr) – La Sala de Casación Penal desestimó las denuncias presentadas contra el diputado Enrique Sánchez Carballo, actual jefe de fracción del PAC, por firmar como licenciado en periodismo, aunque no tenía el título, contratos de servicios profesionales para las campañas electorales del Partido Acción Ciudadana (PAC) de los años 2010 y del 2014.
El tribunal descartó los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y auténticos, falsedad ideológica y falsedad de documentos privados, en perjuicio del Estado.
Los magistrados acogieron la petición formulada por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, de desestimar todas la causas contra el legislador.
“Al haberse constatado que los hechos denunciados no configuran delito alguno, se acoge la solicitud interpuesta por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, decretándose la desestimación, a favor del denunciado, Enrique Sánchez Carballo”, dicta la resolución de los magistrados, con fecha del 5 de febrero de 2021.
Cabe destacar que en el informe que fue acogido por los magistrados de la Sala Tercera, la fiscal Navas indicó que los contratos suscritos por el actual diputado “no son falsos y cumplieron todas las normas legales necesarias”.
“Además, se demostró que Sánchez Carballo cumplió efectivamente con los términos y condiciones acordados con el PAC”, destacó un comunicado enviado por la fracción oficialista este miércoles.
Otro elemento considerado por la Fiscalía General es que la información inexacta, sobre el grado académico del legislador, no es un hecho suficiente para considerar que se trata de un intento de engaño al TSE o al PAC, y que pudo ser “un simple error material”.
Según el PAC “se comprobó que contaba con los conocimientos y la experiencia necesaria para el ejercicio de las labores contratadas, las cuales efectivamente fueron realizadas”.
En junio de 2019, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició una investigación por los servicios profesionales que el hoy diputado le dio al PAC durante las campañas 2010 y 2014.
Para la contienda del 2010, Sánchez firmó un contrato con el PAC que literalmente decía que el contratista era “lic (licenciado) en periodismo”, a pesar de carecer de título universitario.
El objeto del acuerdo era la redacción de noticias, comunicados de prensa, organización de eventos, actualización y mantenimiento de información de la página web y otros atinentes a su profesión.
Durante la campaña, cobró cerca de ¢10 millones, informó el TSE en en el 2019.
Para las elecciones del 2014, Sánchez suscribió otro contrato como periodista y sus servicios consistían en “apoyo a la campaña electoral en las áreas de organización territorial, comunicación organizacional y acompañamiento a las candidaturas a diputaciones”, resaltaron.
En esa ocasión, facturó unos ¢4 millones por sus servicios.
La investigación del TSE concluyó con el informe número DFPP-0440-2020, del Departamento Financiero de Partidos Políticos, con fecha del 18 de mayo de 2020, el cual fue remitido a la Fiscalía General de la República.
