San José, 8 ene (elmundo.cr) – La Sala I de la Corte Suprema de Justicia le dio vuelta a la sentencia que había eximido al presidente del Movimiento Cooperativo, Freddy González, de una denuncia del 2009 y reactivó una sanción en su contra por parte de la Contraloría General de la República.
González Rojas, es el actual presidente del Consejo Nacional de Cooperativas y máximo líder del Movimiento Cooperativo de Costa Rica, pero ante la nueva resolución de la Sala, vía casación, tendrá que apartarse de su silla.
Esta situación se da en medio de las tensiones entre sectores del Poder Judicial y el gobierno de Rodrigo Chaves, que han llegado al punto en que el presidente de la República ha retado a debate público al presidente de la Corte, Orlando Aguirre.
Aguirre es compañero de Corte de los magistrados que con esta acción, golpean a uno de los alfiles de Chaves en el Movimiento Cooperativo, a través de una dividida votación.
La sentencia en casación, quedó dividida y en medio de una discusión que pone en evidencia la politización de los criterios de los magistrados, y así quedó en evidencia en los votos salvados tras un apretado resultado de 3 contra 2.
Con esta decisión la Sala echa atrás las decisiones tanto del Tribunal Contencioso Administrativo como del Tribunal de Apelaciones, situación que pone en evidencia un manejo diferente del caso por parte de los magistrados de la Sala I.
Así lo estimaron los magistrados Leiva Poveda y Zamora Campos al salvar el voto y señalar que el error en el cálculo de la tasa de equilibrio señalado por la Contraloría, finalmente “no implicó afectación negativa alguna a la institución”.
Los altos jueces se apartaron del voto señalaron que fundamentaban su “discrepancia con el voto de mayoría” , pues no consideran que “se esté en presencia de un supuesto de culpa grave, pues del elenco de hechos no se desprende tal conclusión”.
Aún más, los magistrados que consideran una sanción desproporcionada por parte de la Contraloría consideraron “que la determinación de la sanción impuesta, constituye un ejercicio ilegal de la discrecionalidad administrativa, pues la sanción impuesta violenta uno de los límites que el ordenamiento jurídico establece a su ejercicio, a saber, el de razonabilidad y proporcionalidad, aspecto que conlleva la nulidad de la sanción administrativa impuesta por la Contraloría General de la República a los actores”.
¿Qué pasó aquí?
El 25 de marzo de 2010, mediante oficio no. DFOE-ED-IF-5-2010, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, del Área de Servicios Económicos para el Desarrollo, de la Contraloría General de la República, emitió el informe sobre los resultados del estudio efectuado en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
En el mismo, se realizó un análisis de las acciones a lo interno del Infocoop durante el 2009, determinando problemas matemáticos en la Tasa de Equilibrio Institucional, es decir, el cálculo de las tasas de interés de créditos para el siguiente año.
La Contraloría, a través de su División de Fiscalización, consideró que se había generado una falta grave, pese a que el tiempo demostró que el cálculo no había afectado de forma negativa al Infocoop.
Pese a ello, y en un entorno donde la Contraloría y gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís se habían acercado políticamente, se dio una sanción contra González Rojas y la junta directiva del Infocoop.
El cooperativista respondió con un proceso en el Juzgado Contencioso Administrativo, que le dio la razón a él y al exvocal de la junta directiva, Carlos Castro.
La Contraloría apeló el proceso, y volvió a perder en 2022. Sin embargo, y en contra de la lógica jurídica, en medio de un agitado ambiente a lo interno de la Corte, frente a los cuestionamientos del gobierno de Rodrigo Chaves hacia el Poder Judicial, la Sala I cambia diametralmente el criterio que se venía sosteniendo.
Esto resultó en la reactivación de la sanción en contra del líder cooperativista más cercano a Chaves.
