San José, 23 set (elmundo.cr) – La Sala Constitucional mantiene su posición sobre la pesca de camarón con redes de arrastre.
“La Sala no ha cambiado de criterio en cuanto al tema de pesca de camarón con redes de arrastre, ya que la Sala mantiene la tutela del derecho al ambiente”, señalaron los magistrados en la resolución 2019-17738, al resolver la solicitud de aclaración y adición planteada por MarViva sobre el recurso de amparo presentado en julio anterior, el cual fue rechazado de plano.
El criterio de la Sala fue desarrollado en las sentencias 10540-2013 y 14168-2018, en las cuales se establece que una eventual reinstauración de las licencias de pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre debe sujetarse a una reforma legal que haga explícita la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental.
Esa reforma debe contar, según la Sala, con respaldo científico y tecnológico previo que demuestre que la pesca de arrastre es compatible con un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de recurso para las generaciones futuras.
Según los magistrados, esto implica demostrar una reducción significativa de la captura incidental, el daño a fondos marinos, y el impacto social y económico que genera en otros sectores, tales como los pescadores artesanales.
Asimismo, señaló que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), debe coordinar la realización de estudios con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la academia de manera oportuna, a fin de contar con los insumos apropiados para la toma de decisiones.
Katherine Arroyo, gerente de incidencia política de Fundación MarViva comentó que “el rechazo de plano significa que la Sala Constitucional no entró a conocer el fondo del asunto”.
“Esto quiere decir que el estudio realizado por Incopesca en 2018 no fue validado por la Sala, sino que esta considera que los argumentos técnicos sobre las graves debilidadades del estudio deben ser llevados por MarViva al Tribunal Contencioso Administrativo”, agregó.
Arroyo explicó que “en esta sede tendremos un amplio espacio para cuestionar las falencias del estudio, con base en el que se justifica el proyecto de ley 21.478, el cual podría reactivar la pesca de arrastre”.
