Sala Constitucional condena al Estado al pago de una deuda con la CCSS que ronda los ¢56 mil millones

San José, 19 mar (elmundo.cr) – La Sala Constitucional condenó al Estado de Costa Rica al pago de una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que ronda los ¢56 mil millones.

Según informó el Semanario Universidad “el monto se debe a que en el 2016 la junta directiva de la Caja acordó incrementar en un 0,66% la contribución estatal para cubrir el financiamiento de las pensiones mínimas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), rubro que no fue cubierto por el Estado”.

El reclamo fue presentado por Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), grupo que presentó una acción de inconstitucionalidad ya que el Gobierno no incluyó el monto en el Presupuesto Nacional del 2018, bajo la Administración Solís Rivera.

“En el 2016 se acordó que cada participante tenía una parte que poner y el Gobierno alegó que estaban en crisis y que no tenía dinero para pagar. Aquí ya no se da la interpretación de si un Gobierno quiere o no, lo importante de la resolución es que la Sala dice tácitamente que se tienen que aportar los dineros”, manifestó  el secretario general de Undeca, Luis Chavarría.

La representante de los trabajadores en la junta directiva de la Caja, Martha Rodríguez, afirmó que “por ejemplo, si la pensión de un trabajadores no llega a los ¢100 mil, cuando la pensión mínima es de ¢130 mil, esa diferencia la tiene que asumir el Estado. Lo que está diciendo la Sala es que el periodo de ese presupuesto ya pasó, pero ahora se convirtió en una deuda”.

De igual forma, añadió que “al convertirse en una deuda, cualquier rubro que no se haya pagado por ese 0.66% acordado se acumula y estaría obligado el Estado a asumir, desde el 2018 en adelante. No solo significa lo que ya adeuda, que en aquel entonces era cerca de ¢56 mil millones, sino los siguientes años que también debe aplicarse el aumento”.

Sobre la enorme deuda que mantiene el Estado con la Caja, Rodríguez recordó que esta supera los ¢2 billones, más el pago que debe realizarse por el traslado de los funcionarios del Ministerio de Salud a la institución, “que se había cuantificado en casi ¢6 billones más”.

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