San José, 27 ago (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, contra un medio de comunicación nacional.
Esto pues Diario Extra la señaló en una noticia como la responsable de haber entregado a un privado de libertad, un beneficio carcelario con el fin de que este cometiera el delito de violación, en perjuicio de una menor de edad en San Ramón de Alajuela.
“La afirmación de que Santamaría (apellido del sujeto) “recibió un beneficio que la Ministra de Justicia le otorgó para al parecer violar a una menor” contiene graves imprecisiones que resultan incluso calumniosas, pues, mediante una relación de causa y efecto, pretende inducir en error al lector, al atribuir la responsabilidad de la comisión de un supuesto delito sexual, por parte de un tercero, a una actuación administrativa –que nunca existió– de la titular de Justicia”, dice el recurso de amparo presentado por la Ministra Sánchez y declarado con lugar por parte de la Sala Constitucional.
Mediante la sentencia 11306-2016, redactada por el Magistrado Fernando Castillo Víquez y adoptada por unanimidad de la Sala, se condenó al Diario Extra al pago de las costas, daños y perjuicios causados. La Ministra deberá liquidarlos mediante sentencia en la vía civil.
El diario alegó que Sánchez, como alta funcionaria pública y máxima jerarca de la cartera de Justicia, tenía potestades y responsabilidades por los hechos que allí ocurrieran, sin embargo los magistrados desestimaron esa fundamentación.
“El atribuirle como propio un acto emitido por otra dependencia, constituye información inexacta, además de agraviante, pues la noticia deja de entrever que otorgó el beneficio al expresidiario para que éste incurriera en el presunto ilícito penal que ahí se menciona”, dice la sentencia.
El Ministerio de Justicia ha insistido, y así lo confirmó la Sala Constitucional, que la potestad de reubicar personas privadas de libertad en el Programa Semiinstitucional es única y exclusivamente del Instituto Nacional de Criminología (INC), no de la ministra.
“Existe una cuota de responsabilidad de la prensa a la hora de emitir sus informaciones cuando son inexactas, tendenciosas y calumniosas, por cuanto dejan de conducirse con el rigor que se les demanda, en especial, cuando dirigen ataques sobre funcionarios públicos que solamente cumplen con la ley y con las más altas convicciones del sistema democrático y de derechos humanos”, declaró el Ministerio de Justicia en un derecho de respuesta que envió al diario mencionado, y que al no ser publicado en el tiempo establecido por Ley, se le condenó por violar el derecho de respuesta
