San José, 27 ago (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida como la Sala IV) anuló la moratoria de cinco años que impuso la Municipalidad de Los Chiles a la siembra de piña.
Esto tras un recurso de amparo que fue presentado ante los magistrados por parte de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña y que fue declarado con lugar recientemente.
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De acuerdo con la oficina de prensa del Poder Judicial, la sentencia íntegra aún se encuentra en redacción, pero los magistrados declararon con lugar en todos sus extremos el recurso. Los motivos de la decisión serán conocidos hasta que la sentencia se haga pública.
El 5 de julio pasado, el Concejo Municipal de Los Chiles tomó un acuerdo en el que emitió una moratorio de cinco años al otorgamiento de permisos y autorizaciones municipales, así como certificados de uso conforme para la construcción e instalación de fincas piñeras en el cantón.
Los magistrados anularon dicho acuerdo y por ende la moratoria impuesta, y ordenaron al Concejo Municipal “abstenerse de incurrir en las conductas que dieron mérito para acoger el presente amparo”.
Según la parte dispositiva de la sentencia, en caso de incurrir nuevamente en las acciones que fueron anuladas se les castigará con prisión de tres meses a dos años o de 20 a 60 días multa.
La Sala condenó a la Municipalidad de Los Chiles al pago de las costas, daños y perjuicios, que deberán ser liquidados mediante ejecución de sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Solamente el magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto y declaró sin lugar el recurso.
Recientemente, una empresa piñera fue denunciada y está siendo investigada por presuntamente haber contaminado una fuente de agua.
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Las autoridades también harán estudios de impacto socioambiental de las existentes plantaciones.
El Informe del Estado de la Nación del 2012 señaló al cultivo de piña como uno de los que causa problemas directos al ambiente y la biodiversidad de Costa Rica, por su descomposición y aplicación de herbicidas quemantes.
La declaración de moratoria fue promovida por vecinos y vecinas de las comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y sociales, representantes sindicales y legisladores del Frente Amplio.
