San José, 11 jun (elmundo.cr) – Los cambios propuestos por el Gobierno al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) han generado preocupación entre expertos, productores y comunidades rurales por sus posibles impactos negativos en la protección de los bosques y el sustento de las familias agricultoras.
En un foro organizado por el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor-UNA), la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA) y la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor) el pasado 6 de junio, se analizó en profundidad las modificaciones propuestas.
La eliminación de la figura del regente forestal, que actualmente certifica la permanencia del bosque, fue una de las principales preocupaciones planteadas.
“No es lo mismo una comprobación satelital versus la comprobación, al menos anual, que se realiza directamente en el campo”, afirmó Xinia Brenes, presidenta de Ucifor.
Según los expertos, la propuesta de aumentar las labores de los profesionales forestales y reducir el pago por hectárea implica una mayor carga económica para los productores.
Además, el aumento del tamaño mínimo de las fincas a 500 ha podría excluir a un gran número de beneficiarios, ya que alrededor del 70% de las fincas inscritas en el PPSA tienen menos de 40 hectáreas.
“Los pagos conjuntos adicionales por biodiversidad plus e importancia para el recurso hídrico estarían limitados a menos del 5% de las posibles personas beneficiarias”, explicó Brenes.
“Esto significa un pago de 21.000 colones por hectárea para alrededor del 80% de ellas, un monto insuficiente para competir con otras actividades productivas que compiten con la protección del bosque”, agregó.
Michael Garro, fiscal del Colegio de Agrónomos y Forestales, enfatizó la importancia de la regencia forestal para asegurar la permanencia del bosque, citando que “un 72% de los contratos de conservación son gestionados por regentes”.
Advirtió que “en los últimos años, Fonafifo gestionó un promedio de 70.000 hectáreas bajo protección, y es poco probable que pueda gestionar adecuadamente un aumento a 182.000 hectáreas este año”.
Mario Piedra, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), señaló que “las personas productoras a pequeña escala, que son la mayoría de quienes se benefician del PPSA, son los guardianes del bosque”.
Argumentó que los cambios propuestos “exacerban la matriz de riesgo para el bosque, haciéndolo menos competitivo en comparación con usos alternativos de la tierra”.
Los expositores y asistentes al foro solicitaron al presidente Rodrigo Chaves que publique lo antes posible la normativa para la asignación de los pagos por servicios ambientales 2024 en los mismos términos que en 2023.
También pidieron el inicio de un proceso participativo de consulta para la construcción del decreto que asignará el uso de los fondos en 2025.
