San José, 30 dic (elmundo.cr) – El proceso de las Mesas de Diálogo Multisectorial realizado este 2020 surgió con el objetivo de orientar al Gobierno a generar una propuesta equilibrada y consiente de la realidad que enfrenta el país, por medio de la escucha de los sectores que nutren la sociedad.
Origen y organización
Inicialmente se pretendía que iniciara el 17 de octubre, sin embargo la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep), decidió por unanimidad, no sentarse en la mesa de diálogo multisectorial propuesta por el Gobierno señalando que la “proporción desequilibrada” de la propuesta no garantiza la representación de todos los sectores.
Ante esto Jorge Vargas Cullell, confirmó el 15 de octubre que la mesa de diálogo multisectorial dirigida por el Estado de la Nación, no se realizará debido a la negativa de algunos sectores.
A pesar de la cancelación del diálogo inicial el presidente de la República, Carlos Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, aseguraron que diálogo continuaría indicando que trabajaría “en las próximas horas y días de manera multisectorial para alcanzar la mejor fórmula que permita concretar el diálogo”.
El 16 de octubre los diputados Patricia Villegas y Walter Muñoz del Partido Integración Nacional, Shirley Díaz de la Unidad Social Cristiana y los independientes Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, donde recalcan la importancia de iniciar una nueva mesa de diálogo que integre a todos los sectores.
Ese mismo día los Supremos Poderes, representados por los presidentes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, reiteraron el llamado al diálogo ante la situación que enfrentaba el país, expresando su voluntad “de defender la democracia, la institucionalidad del país y la Constitución”.
El 20 de octubre el presidente Carlos Alvarado Quesada, y el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Cruickshank Smith, anunciaron la convocatoria a la primera sesión de trabajo para un diálogo multisectorial el viernes 23 de octubre a cerca de 70 organizaciones de 9 sectores.
El objetivo del encuentro era «replantear, y echar a andar en conjunto, los mecanismos que guiarán la presentación y análisis de propuestas sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y para la sostenibilidad de las finanzas públicas» y se realizó en el Estadio Nacional.
El 23 de octubre se enunció que la politóloga Ilka Treminio Sánchez Treminio y el economista Víctor Umaña Vargas serían los encargados de liderar la mesa de diálogo multisectorial.
Encuentros de diálogo
El primer día de la mesa de diálogo se discutió la forma en que se pretendía operar y la manera en que funcionaría el diálogo; también se planteó un sistema de trabajo en plenarias con asesores técnicos para poder escuchar las propuestas de todos los sectores.
El segundo encuentro, realizado el 28 de octubre, tenía como fin «trabajar en la definición de la mecánica de funcionamiento y de generación de convergencias, además de establecer las temáticas a abordar durante el proceso y la programación o agenda de las sesiones». En esa ocasión Agustín Castro, ministro de Comunicación, anunció que la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular rechazó la invitación al diálogo multisectorial organizado por el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Asimismo, en esa sesión se definió que la Mesa de Diálogo Multisectorial sesionaría tres veces por semana durante tres semanas para poder abarcar todos los temas solicitados por los sectores participantes y Alvarado recalcó que las propuestas que surjan en el diálogo multisectorial serán llevadas a la Asamblea Legislativa.
Propuestas del Diálogo Multisectorial
El 5 de noviembre se comenzó la discusión de más de 750 iniciativas de 35 organizaciones relacionadas a temas como reactivación económica, empleo decente, combate a la pobreza y propuestas fiscales de alto nivel en el diálogo multisectorial, fomento productivo, encadenamientos y servicios empresariales, simplificación de trámites y regulaciones, infraestructura y condiciones laborales.
En la cuarta sesión del diálogo multisectorial se abordaron 805 propuestas enviadas por 35 organizaciones sobre reactivación económica, en ese día Alvarado indicó que se debían llegar a acuerdos para que se pueda llegar a acciones concretas a partir de estas propuestas.
El mandatario también recalcó la intención de que «ninguna propuesta quedé atrás o quede opacada o quede soslayada» y explicó la recepción de 1028 propuestas de 35 organizaciones.
El 27 de noviembre se indicó que los acuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial son prioridad en la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa; aunado a esto, el 7 de diciembre el Gobierno envió a los distintos representantes de sectores los dos primeros proyectos de ley elaborados por el Ejecutivo como seguimiento de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Multisectorial.
Estos son la ley de transparencia sobre la participación de los servidores públicos en países no cooperantes que busca evitar, a través de la trasparencia y rendición de cuentas, que las personas que ocupan altos cargos en la función pública tengan cuentas en países no cooperantes conocidos como paraísos fiscales; y el impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social (JPS) que tiene como objetivo gravar con un 25% a los premios, que superen medio salario base (₡225 mil).
Finalmente el pasado 16 de diciembre el Gobierno, mediante la firma del Decreto Ejecutivo N° 42763-MP, creó el Consejo Consultivo Económico y Social (CCES), una instancia del Diálogo Multisectorial y generadora de consensos entre el Poder Ejecutivo y los diferentes sectores de la sociedad costarricense para abordar los desafíos del desarrollo nacional.
Este Consejo está integrado por representantes del sector empresarial, laboral sindical, estudiantil, académico, agropecuario, cultural, sociedad civil, economía social solidaria, desarrollo territorial local y mujeres, así como representantes de la población de adultos mayores, LGTBIQ, afrodescendientes, personas con discapacidad, juventud, niñez e indígena; y tiene como objetivo ungir como una instancia consultiva del Poder Ejecutivo sobre acciones, programas y políticas públicas, en el marco de sus competencias. Constituir un espacio de diálogo, interlocución y generación de consensos entre diferentes sectores de la sociedad sobre los temas de su interés y para el desarrollo nacional.
