San José, 26 ene (elmundo.cr) – Representantes de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), afirmaron ante los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos que la fijación de tarifas mínimas, por parte de los colegios profesionales, no incentiva la competencia, ni beneficia a los usuarios por lo que están en contra de estas.
Los comisionados Isaura Guillén, Guillermo Rojas y Viviana Blanco de Coprocom, brindaron sus criterios en torno de la iniciativa 23.357 “Ley para Eliminar la Fijación de Tarifas de Honorarios Obligatorios por Servicios Profesionales” y expusieron las razones por las cuales apoyan esta propuesta.
Explicaron que actualmente hay 33 colegios profesionales, algunos de los cuales datan del siglo 19 como el de médicos y abogados y solo tres de ellos no tienen colegiatura obligatoria.
Coprocom junto con la Procuraduría General de la República, interpretaron en 1998 que con la entrada en vigor de la Ley para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se derogaba la fijación de tarifas mínimas por parte de los colegios profesionales, sin embargo, la Sala Constitucional consideró que la Ley 7472 no era aplicable a los servicios profesionales y estas continúan existiendo.
Guillén basó sus criterios en un estudio técnico que se llevó a cabo en el primer trimestre del año pasado, donde se analizaron los beneficios que se podrían generar en la eliminación de la fijación de tarifas.
Explicó que lo que descubrieron con este estudio es que el enfoque está dirigido más hacia los intereses gremiales que en el beneficio para el consumidor. Agregó que los mismos agremiados desconocen la forma en que se da la fijación de tarifas, la mayoría de las cuales son arbitrarias y las hacen las juntas directivas, ni siquiera las asambleas generales.
La comisionada Viviana Blanco, indicó que encontraron en el estudio una serie de restricciones, como el hecho de que el usuario desconoce la calidad de los servicios que va a adquirir.
El congresista del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, explicó que está a favor de la iniciativa, pero tiene claro que la misma no cuenta con el apoyo político necesario para convertirse en ley, por lo que consultó la posibilidad de que exista un sistema o mecanismo intermedio que sea el que fije las tarifas mínimas de los colegios profesionales.
Para los representantes de la Coprocom, la intervención de un tercero debería ser solo en casos muy particulares, de manera temporal y excepción, con base en un estudio técnico y objetivo que así lo indique.
