San José, 29 jun (elmundo.cr) – Las constantes trabas parecen ser parte del acontecer diario de las Municipalidades, que deben enfrentarse a largos procesos en diferentes áreas para poder avanzar.
Una de ellas, es la infraestructura vial, problema con el que han tenido que lidiar desde hace un tiempo, por no contar con los recursos necesarios para desarrollar mejores carreteras y solventar el problema de calles cantonales en mal estado.
Pese a que existe la Ley 9329, Ley de Transferencia de Competencias Municipales, esta aún no se ha puesto en marcha como debería, afectando a los Gobiernos Locales, principalmente porque existen una serie de reglamentos en manos del Gobierno, que no han sido presentados a los Alcaldes para que puedan ser sometidos a una revisión y así aplicar el mandato de una forma más efectiva y eficiente.
“El Poder Ejecutivo trabaja los reglamentos sólo y luego le da 10 días a los Gobiernos Locales para que se refieran a los mismos y hagan observaciones, lo cual es imposible para ellos poder hacer las observaciones que se requieren y procurar que sus observaciones sean tomadas en consideración en ese proceso, el Gobierno tiene que hacer una corrección en ese sentido y elaborar reglamentos que permitan aplicar la ley y no por el contrario, que impidan esa aplicación”, explicó el diputado Michael Arce, del Partido Liberación Nacional (PLN).
De acuerdo con el Legislador, existen cuatro borradores de reglamentos que están siendo elaborados por el Poder Ejecutivo desde hace más de seis meses, cuando se aprobó la Ley. Uno de ello, es precisamente el de materiales e insumos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) otorga a las Municipalidades y que insiste, en vez de agilizar procesos, los retrasa.
“Es un reglamento que lo que denota es un rompimiento de relaciones entre el MOPT y los Gobiernos Locales y que prácticamente le pasa a decir a las Municipalidades no me pidan, no me busquen, yo no estoy para brindarles ningún apoyo, ninguna colaboración es un reglamento que establece plazos larguísimos, procesos muy engorrosos y costos elevadísimos”, señaló.
Agregó que por ello, para una Municipalidad le sería más rentable comprar los materiales e insumos que necesitan, a empresas privadas en lugar de acudir a dicho Ministerio para poder desarrollar los caminos que necesitan.
Y es que La ley 9329 establece un mecanismo en el cual los Gobiernos Locales pueden recibir los recursos mediante transferencia o bien en especie, es decir, una Municipalidad si considera que no tiene la capacidad instalada para poder ejecutar recursos por ella misma, podría acudir al MOPT para pedirle materiales e insumos, para algunas obras específicas en las vías.
“Esto el MOPT lo ha venido haciendo años anteriores, a través de convenios de cooperación, pero hoy por hoy después de la aprobación de la Ley, existen una serie de trámites, que les hace prácticamente imposible que le sea rentable a una Municipalidad acudir a la colaboración del MOPT, por ejemplo los plazos y las solicitudes son de más de 20 días hábiles para que el MOPT tome una decisión de si puede o no aportarle a una Municipalidad esos recursos y esto en un proceso administrativo termina alargándose por muchísimo tiempo más, mientras que si la Municipalidad saca una contratación posiblemente tenga esos recursos en un menor tiempo de lo que pueda proveerle el MOPT”, advirtió.
Pese a que los Gobiernos Locales se han quejado ante el Ministerio y ante el Poder Ejecutivo, no han obtenido respuesta, lo que provoca una incertidumbre tanto en Alcaldes como en Asociaciones municipalistas.
“Queremos que se sienten a hablar del tema porque los Gobiernos Locales son los que conocen a sus pueblos y son los que saben cómo operativizar esa Ley de la mejor manera posible y la Ley 9329 lo que ordena es que se vayan consolidando estas nuevas potestades en manos de los Gobiernos Locales, no a través de rompimientos por parte del Gobierno y del MOPT que es lo que hoy está sucediendo”, finalizó.
