San José, 04 abr (elmundo.cr)- Los trabajadores del Poder Judicial aseguran que entrarán en huelga si los diputados no dan marcha atrás con los cambios hechos al proyecto de Ley que reforma su régimen de pensiones.
Esto luego de que la Comisión Especial de Pensiones del Poder Judicial de la Asamblea Legislativa acogiera un texto sustitutivo presentado por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y que viene a cambiar la propuesta presentada inicialmente por los trabajadores.
De acuerdo con Jorge Morales, vocero del movimiento, la huelga de este lunes en horas de la tarde, fue un adelanto de las medidas que estarían tomando de mantener la intención de aprobar este.
Incluso durante este martes los funcionario realizaron paro de labores en algunas de las áreas.
“Las bases están muy motivadas e interpretaron una publicación que hicieron tres Magistrados de la Corte que estaban negociando con la Supen la viabilidad del proyecto, la lectura de eso que hemos hecho los empleados del Poder Judicial, lo hemos valorado como una traición al movimiento gremial y como posiblemente una negociación de los intereses de la cúpula y que beneficia los objetivos de la Supen y que al fin y al cabo la privatiza”, aseguró.
Aunado a ello, señaló que denuncian “una actitud política tanto de diputados, como de magistrados para eventualmente querer responsabilizar a trabajadores por no tomar las medidas necesarias”.
Por su parte, Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), el proyecto planteado tiene como única finalidad salvar las pensiones de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
“Si no hacemos cambios pasarán una de dos cosas: los trabajadores van a tener que dar la mitad de su salario para tener una pensión, o vamos a tener que cargar sus pensiones al Presupuesto Nacional donde todos y todas las costarricenses deberemos pagar las pensiones de los funcionarios judiciales” explicó Guerrero.
Y es que actualmente los empleados de la Corte Suprema de Justicia cotizan más que los afiliados al IVM y el dinero que aportan no alcanza para cubrir los beneficios jubilatorios que reciben.
Los empleados judiciales cotizan un 11% del empleado, más un 14,35% el patrono y adicional un 1,24% el Estado, para un total de 26,60% sobre el salario.
Además, representa un costo creciente para las pensiones del Poder Judicial, pues en 2015 el monto total fue de ¢34.915 millones, en 2016, ¢36.082 millones y para este 2017 fueron ¢37.234 millones.
Precisamente, esta tarde el Congreso tomó la decisión de prorrogar el plazo que tiene la Comisión para dictaminar el proyecto; a la espera de que la Universidad de Costa Rica (UCR) presente su informe actuarial sobre el estado del régimen de pensiones de la Corte.
