San José, 21 feb (elmundo.cr)-Luego del anuncio de cierre de seis meses de la represa hidroeléctrica Reventazón, el diputado Mario Redondo resaltó la urgencia de intervenir y rescatar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Según el legislador, esto representa un “grave golpe” a los usuarios del país, al tiempo que recordó la advertencia que hizo hace dos años sobre este tema, cuando no le hicieron caso.
La represa en un inicio estaría clausurada por tres meses, pero ahora el instituto le agregó un trimestre más para reparar la “fuerte” filtración de agua en el vertedero de la obra.
Esto ocurre a tan solo un año y medio de inaugurado el megaproyecto del ICE, que se ubica en Siquirres, Limón, y que tuvo un costo de $1.567 millones.
La entidad informó el problema de la grieta en un documento presentado ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en octubre pasado, cuando calculó en $15,5 millones los trabajos para solventar el daño.
Esto ocurre en medio de los problemas de demandas y procesos judiciales en que se ha visto inmersa la institución, tras decisiones que han tomado sus jerarcas con respecto a contratos con empresas privadas para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.
De hecho, el último caso que tiene al ICE en instancias judiciales es con la empresa Hidrotárcoles, por un monto de $110 millones.
A diferencia de sus propios proyectos, con la compañía no hubo titubeos y se le responsabilizó de supuestamente no haber cumplido con el plazo de entrega de la obra para su entrada en operación, pese a que existían comunicados entre ambas partes donde se acordaba una nueva fecha de inicio (junio de 2017 y no agosto de 2015).
En este caso ni siquiera hubo una multa por un presunto rezago, tal y como lo permite y establece el contrato, sino que con un 50% de avance del proyecto, el ICE y sus jerarcas tomaron la decisión de resolver el acuerdo legal con la compañía a cargo de la planta hidroeléctrica Capulín.
Aunado a ello, la situación ha puesto en una encrucijada al Banco Nacional, que ya desembolsó varios millones de dólares para el avance de la planta.
Tan solo ayer, los diputados de la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios emplazaron al Poder Ejecutivo para que continúe con el proyecto Hidrotárcoles, y de ese modo evitarle daños al ICE y al Banco Nacional.
El diputado frenteamplista, Jorge Arguedas, incluso ha sostenido la tesis en reiteradas ocasiones de que por qué el ICE tuvo un trato diferente con Hidrotárcoles, mientras que en otros casos como Chucás sí aplicó multas y aceptó ir a un arbitraje internacional, que le costó una sentencia donde se le ordena al pago de más de $150 millones.
Tanto Arguedas como Otto Guevara y Rafael Ortiz, coincidieron en el sentido de que el proyecto no se debe caer y que impera un principio de interés público, con respecto al desarrollo de la hidroeléctrica.
