San José, 5 sep (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes alertó sobre las graves consecuencias que tendrían los recortes presupuestarios previstos por el Ministerio de Hacienda para la educación en 2025.
Según la Defensoría, estos recortes incumplirían el Pacto Nacional de la Educación y generarían diversos problemas:
- Imposibilidad de alcanzar el currículo completo
- Deterioro de la infraestructura educativa
- Retrasos en el pago de salarios a docentes
- Limitaciones en la inclusión de estudiantes con discapacidad
- Problemas financieros para las Juntas de Educación y Administrativas
“Los recortes al presupuesto repercuten de manera negativa en cada centro educativo”, señaló la Defensoría en una carta enviada al presidente de la República, Rodrigo Chaves, la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
La Defensoría ha destacado que Costa Rica no ha cumplido con el porcentaje del PIB destinado a educación estipulado por la ley en los últimos cinco años. En 2023, se destinó solo un 6,1%, afectando programas como alimentación estudiantil, educación inclusiva e infraestructura.
Además, se ha registrado una disminución constante en el presupuesto del Programa de Equidad, que brinda apoyo a estudiantes y familias de escasos recursos. En 2023, hubo una disminución de más de 15.000 beneficiarios.
La Defensoría también investiga problemas en la gestión del talento humano del Ministerio de Educación Pública (MEP), que afectan los derechos laborales de los docentes y personal administrativo.
“La molestia ante tales problemas –evidente y entendible–, tiene como común denominador la demora extrema e irrazonable en el trámite, resolución y retribución económica efectiva de esos reclamos administrativos”, señaló la Defensoría.
