San José, 14 feb (elmundo.cr) – La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, reclamó al Ministerio de Hacienda la no transferencia de ¢10.000 millones adicionales incluidos en el Presupuesto Ordinario de la República para atender necesidades de vivienda.
“Nos preocupa que se sigan cercenando los recursos para atender las grandes necesidades de vivienda y que se incumpla la Ley de Presupuesto Ordinario. La retención de esos recursos afecta la programación presupuestaria del Banco Hipotecario de la Vivienda, incide negativamente en los indicadores de colocación de bonos y olvida que este sector es un potenciador económico”, reprochó la congresista.
El malestar de la diputada surge luego de conocer que la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda comunicara al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que “los recursos incluidos mediante moción en la etapa de discusión y aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa, no están siendo considerados en la cuota presupuestaria liberada, sino que estarán siendo valorados una vez que se tengan evaluadas las condiciones del servicio de la deuda, principalmente el gasto por intereses o las condiciones económicas que presente el próximo año; lo que implica que se mantendrá sin ejecutar un monto de ¢11.426 millones”.
La Asamblea Legislativa aprobó un rebajo de ¢81.137 millones de la Partida de Intereses, recursos que fueron destinados a diversos Títulos Presupuestarios. De ese total, ¢11.426 millones fueron aumentados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para financiar diversos programas y se destinaron ¢10.000 millones al FUSOVI, los cuales deben ser girados como transferencia de capital a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), esto en virtud de lo que establece el inciso a) del artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI.
La diputada recordó que los ¢81.137 millones que fueron rebajados de la Partida de Intereses, “no representan un aumento en el gasto total ni afectan el cumplimiento de los límites establecidos por la regla fiscal para el 2023, solo implica un cambio en el uso de los recursos” y advirtió que estas acciones del Ejecutivo “agravan la crisis sobre la construcción de viviendas de interés social”.
“La negativa de hacer efectivos estos recursos afectan considerablemente el financiamiento de programas sociales que atienden poblaciones vulnerables y genera dudas respecto al giro de los demás recursos aprobados mediante moción y que van dirigidos a financiar a las asociaciones de desarrollo, infraestructura vial cantonal, proyectos culturales y educativos, regímenes de salud y enfermedad de la CCSS, así como la nueva jurisdicción de crimen organizado”, concluyó.
