San José 18 ene (elmundo.cr) – La exministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, cuestionó “¿Qué intereses privados son los que impiden al Poder Ejecutivo honrar su compromiso?”.
Mora resaltó que “es por haber expresado de manera reiterada mi convencimiento de que el diálogo abierto y transparente con las distintas, y muchas veces confrontadas, voces sociales del país, es la ÚNICA vía que honra nuestra tradición democrática, que fui invitada por el Señor Presidente de la República en octubre pasado a formar parte de la representación del Consejo de Gobierno en el proceso del Diálogo Nacional Multisectorial”.
La presidenta del Frente Amplio señaló que “convencida, como lo estaré siempre, de que contribuir a fortalecer el diálogo democrático es responder a mis principios políticos, participé en él con respeto, compromiso y seriedad”.
“Por eso es que me siento con la autoridad moral de preguntar cuáles son las razones que llevan al incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, de uno de los compromisos adquiridos en ese espacio”, aseguró.
Según Mora allí se acordó:
«4 – Solicitar al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa para su conocimiento y tramitación que:
4.1. PROHIBA la actividad económica en jurisdicciones no cooperantes (paraísos fiscales) de personas funcionarias públicas».
No obstante la exministra afirmó que “ahora resulta que a la corriente parlamentaria lo que ha sido presentado es un texto absolutamente innecesario, puesto que lo que hace es “exigir” declarar algo que desde hace mucho tiempo la ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública ya exige para todas las personas -jerarcas y funcionarias- que deben rendir cuentas patrimoniales a la Contraloría General”.
Por lo que recordó que “en el 2016 el planeta entero conoció la que quizás ha sido la investigación periodística con mayor número de datos de la historia: los Panamá Papers”.
Asimismo Mora rememoró que “atendiendo una moción que presenté siendo diputada, el plenario legislativo instaló la Comisión Especial Investigadora de la cual formé parte. Se trabajó durante 10 meses y al rendir el Informe Final en marzo del 2017, consignamos en él la preocupante identificación de personas que, ocupando cargos públicos destacados, aparecían vinculadas a figuras y estructuras jurídicas utilizadas en operaciones para eludir y evadir impuestos”.
Para la exministra “un aporte importante del trabajo de dicha comisión investigadora fue la redacción y presentación de varios proyectos de ley en la corriente legislativa cuya aprobación fortalecería el trabajo contra la evasión y la elusión fiscal”.
“Entre esos proyectos, todos ellos guardados hasta el día de hoy en las gavetas de la Asamblea Legislativa, se encuentra el 20.437. Este proyecto cumple con lo que fue solicitado por los diversos sectores en el proceso de diálogo: PROHIBIR a los altos cargos públicos el tener actividades en los llamados “paraísos fiscales””, enfatizó.
Aunado a ello Mora destacó que “es que tal como lo sostuvo la entonces Directora General de Hacienda en la comunicación institucional del 23 de mayo del 2016: “La obligación de pagar impuestos no depende de la voluntad del contribuyente. Pagar impuestos es una obligación que supone el hecho de vivir bajo las reglas de un Estado, que en el caso costarricense, ha optado por una protección especial hacia la educación, el medio ambiente, la salud y la seguridad ciudadana. Dicho de otra forma, la elusión pone en riesgo la puesta en marcha del país que queremos, sobreponiendo el interés privado al interés general”.
“Convencida de ello, hoy pregunto: ¿Qué intereses son los que han podido conseguir un gesto tan grave que parece desconocer, y desacreditar, lo que fue el involucramiento patriótico de diversos sectores ciudadanos en un ejercicio político sin precedentes en los últimos 20 años y que demandó horas de paciente y generoso trabajo?”, manifestó Mora.
“Quienes allí estuvimos merecemos una respuesta”, concluyó.
