San José, 13 oct (elmundo.cr) – Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche de este martes en una sesión extendida, el proyecto de Ley tramitado en el expediente 18.001 denominado: “Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”.
La iniciativa fue presentada por la entonces Presidenta Laura Chinchilla Miranda, junto a sus entonces ministros de la Presidencia, Marco Vargas Díaz; de la Presidencia Marco Vargas Díaz; de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes; de Planificación, Melania Nuñez; y ministro de Descentralización y Desarrollo local, Juan Marín Quirós, hoy diputado de la República.
La red vial de Costa Rica está tan deteriorada, que según la Contraloría General de la República, el país debe invertir durante 20 años el 6% de su PIB para salir del atraso en el que se encuentra sumido. Asimismo, el pésimo estado de la red vial de Costa Rica ha sido identificado como uno de los aspectos que resta competitividad al país. Costa Rica tiene una red vial peor que la de Haití, según reveló el Foro Económico Mundial.
Según el texto final del proyecto, el mismo trasladaría completamente la competencia que tienen las Municipalidades de mantener en buen estado la red vial cantonal de todo el país, pero para ello le dará recursos adicionales a los que ya la Constitución les garantiza.
¿De dónde vendrán los fondos?
Las municipalidades tendrán ahora dos fuentes de financiamiento. La primera según lo estipula el artículo 12 del proyecto, correspondientes al inciso b) de la Ley 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”. Dicha Ley establece que los fondos girados a las Municipalidades no podrán ser, en ningún caso, menor al 1,5% de los ingresos ordinarios del Gobierno Central.
En ese monto también se incluirán los aportes en materiales e insumos que realice el MOPT a solicitud de las municipalidades, con el propósito de construir o dar mantenimiento a la red vial cantonal.
La segunda fuente de financiamiento para las municipalidades será el impuesto único a los combustibles, tanto de producción nacional como importado. A ellos se les girará un 15% de lo correspondiente a la venta de los combustibles extra.
En total, las municipalidades recibirán 22,25% de lo recaudado anualmente como parte del impuesto único sobre los combustibles, fondos que la Tesorería Nacional deberá girar como parte de 48,60% que está destinado por Ley al MOPT y ahora a las municipalidades.
¿CÓMO SE REPARTIRÁN LOS FONDOS?
Los municipios se repartirán ese 22,25% de tres maneras diferentes.
El 50% estará destinado según la extensión de la red vial de cada cantón inventariada por los gobiernos locales y debidamente registrada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Un 35% se girará de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), de modo que los cantones con menor IDS reciban proporcionalmente mayores recursos.
Finalmente el 15% restante será distribuido en partes iguales a cada una de las municipalidades.
NO SOLO PEDIR
El giro de más recursos no irá a parar a una caja chica de las municipalidades, ya que la nueva Ley que firmará el Presidente Solís estipula la forma en la que deben ejecutar los nuevos recursos.
Un 3,5% de los nuevos dineros que reciban será exclusivamente destinado a pagar servicios ambientales a favor de Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
Un 0,1% de los recursos se destinará a pagar los beneficios ambientales agropecuarios, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el financiamiento de los sistemas de producción agropecuaria orgánica.
Un 1% se destinará a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, a favor de la Universidad de Costa Rica, específicamente a su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME-UCR), el cual velará por que estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense.
De ahora en adelante y por cada año, el Ministerio de Hacienda incorporará en el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República una transferencia inicial de mil millones de colones (¢1,000.000.000,00), a favor de la Cruz Roja Costarricense; esta suma será actualizada anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La Cruz Roja Costarricense también tendrá asignado como debe ejecutar esos 1000 millones. El 85% debe destinarlo a los comités auxiliares, 5% a la Dirección Nacional de Socorros y Operaciones y 10% a la administración general.
El monto asignado a los comités auxiliares se distribuirá de acuerdo con los índices de población, el área geográfica y la cobertura de cada comité y cada comité deberá destinar 90% para los gastos de operación, así como a la reparación, la compra y el mantenimiento de vehículos y equipo y 10% para gastos administrativos.
La Ley entrará en vigencia el 1 de enero del 2016, y el Poder Ejecutivo, sin perjuicio del traslado de la competencia, deberá reglamentar la ley, en un término de seis meses a partir de su vigencia.
