El fiscal general de la República, Carlo Díaz, presentó este lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión, relacionado con la polémica contratación de $405.800 en servicios de comunicación para Casa Presidencial, financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Pero, ¿qué implica esta acusación? ¿Qué es exactamente la concusión? Y, sobre todo, ¿por qué esta figura penal se convierte en el centro de un caso que podría marcar un antes y un después en la política costarricense?
📌 ¿Qué es la concusión?
La concusión es un delito contemplado en el artículo 355 del Código Penal de Costa Rica. Según esta norma, incurre en concusión el funcionario público que, abusando de su cargo o funciones, obliga o induce a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para él mismo o para un tercero.
Es decir, no se trata simplemente de corrupción pasiva, sino de una presión indebida ejercida por una autoridad para obtener un beneficio económico. La pena por este delito puede alcanzar hasta ocho años de prisión.
🔎 ¿Qué sucedió en este caso?
La acusación de la Fiscalía está vinculada con la contratación de Christian Bulgarelli, productor audiovisual cuya empresa RMC La Productora S. A. (Nocaut) obtuvo un contrato con fondos del BCIE para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial, poco después de que Chaves asumiera la presidencia en mayo de 2022.
Según la tesis del Ministerio Público, ese contrato fue elaborado a la medida para que la empresa de Bulgarelli resultara ganadora. El dinero no solo habría sido destinado a campañas de comunicación institucional, sino también, supuestamente, a pagar favores políticos de campaña, incluyendo al exasesor de imagen Federico “Choreco” Cruz.
🎙️ ¿Quiénes están implicados?
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Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y
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Jorge Rodríguez Vives, actual ministro de Cultura y exjefe de Despacho Presidencial.
Ambos son señalados como responsables del delito de concusión, y para que el proceso continúe, la Corte Plena debe remitir la causa a la Asamblea Legislativa, donde se decidirá si se les levanta la inmunidad.
Además, la Fiscalía negoció un criterio de oportunidad con Christian Bulgarelli, liberándolo de ser acusado a cambio de testimoniar en el proceso.
📁 ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía?
Uno de los pilares de la acusación son los audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, que documentó reuniones sostenidas en Casa Presidencial. En esas grabaciones se escucha al presidente Chaves referirse directamente al contrato con Bulgarelli y manifestar expresiones como: “Quiero un par de chineos”, refiriéndose a servicios de comunicación.
Los audios fueron secuestrados en enero de este año por agentes del OIJ como parte de la investigación, contenían información clave sobre cómo se fraguó la contratación, que originalmente fue de $300.000 y luego aumentó a $405.800 sin ser informado públicamente.
📉 ¿Qué dijo el BCIE?
El BCIE también abrió una investigación interna y concluyó que existía la posibilidad de que Bulgarelli hubiese incurrido en “prácticas prohibidas de fraude y colusión”. Sin embargo, el banco no investigó la posible responsabilidad de los funcionarios del Gobierno de Costa Rica involucrados en la gestión del contrato.
🧩 ¿Por qué es grave?
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Es la primera vez que un presidente en ejercicio en Costa Rica es acusado formalmente por concusión.
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La acusación apunta a un uso indebido de fondos públicos para beneficio personal o político.
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El proceso puede derivar en un juicio penal si la Asamblea Legislativa aprueba levantar la inmunidad presidencial.
Este caso continúa en desarrollo y ahora dependerá del Congreso costarricense decidir si el presidente Rodrigo Chaves debe enfrentar un juicio penal.
