San José, 14 jun (elmundo.cr)- La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) envió una misiva al superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, pidiéndole un análisis acerca del impacto que traería la aprobación del proyecto que permite a docentes que cotizan en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), retornar a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema).
Según se lee en la carta, firmada por el jefe de dicha fracción, William Alvarado, la solicitud sobre las posibles consecuencias de la puesta en marcha del proyecto, es “urgente”.
“Le solicitamos elaborar una estimación a la mayor brevedad del escenario que se obtendría con la eventual implementación de esa iniciativa de ley, que comprenda la cantidad de docentes que aplican para el traslado del régimen y el efecto sobre las reservar y capacidad de operación del IVM. Por otra parte, se solicita valorar el costo alternativo para el IVM si esos educadores se pensionan bajo ese régimen, considerando la expectativa de vida y los posibles herederos de la pensión que se deberían cubrir”, señala Alvarado.
El proyecto que fue aprobado en primer debate el miércoles anterior, debía someterse a un segundo debate hoy, sin embargo, los legisladores decidieron paralizar el proyecto mientras se analiza a mayor profundidad el mismo.
Según cifras del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la aprobación de este obligaría a sacar de las reservas del IVM un monto total de aproximadamente ¢52 mil millones.
Por otro lado, los socialcristianos pidieron cuantificar el costo fiscal que representa el traslado de las respectivas cotizaciones del IVM, que según los datos del Gobierno serían de ¢11 mil millones.
“Estimar el costo fiscal del traslado de las respectivas cotizaciones del IVM a Jupema así como de cualquier otro impacto sobre el erario público de la eventual jubilación de estos educadores bajo el régimen del Magisterio Nacional”, añadió.
El año anterior la Contraloría General de la República (CGR), advirtió que las listas de Jupema presentaban debilidades. Además, desde diputados hasta la Defensoría de los Habitantes, han advertido de las consecuencias de la aprobación del mismo.
