San José, 9 ene (elmundo.cr) – El Poder Ejecutivo convocó este 11 de diciembre a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que tiene como objetivo inyectar, por una única vez, la suma de ₡2.000 millones a medidas de apoyo al sector palmero nacional.
El diputado liberacionista, Gustavo Viales y el legislador oficialista, Mario Castillo, presentaron el 23 de junio de 2020, la iniciativa que se tramita bajo el expediente N.º 22.049.
El proyecto propone una reforma del transitorio VI de la Ley para el rescate, el fortalecimiento y la sostenibilidad del sector palmero nacional (reforma de la ley 8868, autorización para ampliar el plazo del fideicomiso N.º 955 Ministerio de Hacienda-Banco Nacional de Costa Rica y ampliar el área de cobertura a las zonas aptas para la siembra y producción de palma aceitera en Costa Rica, de 15 de octubre de 2010), N.º 9817, de 18 de febrero de 2020.
Los recursos provendrán del superávit libre acumulado del Servicio Fitosanitario del Estado, que serán direccionados al Fideicomiso Palmero para atender sus fines, entre ellos: apoyo a financiero, atención a plantaciones, producción y capacitación.
Esto corrige el plazo de 2 años establecido en la Ley N.º 9817 para autorizar la utilización del superávit libres del Servicio Fitosanitario del Estado, pues el monto alcanzado en ese período resulta insuficiente, lo cual imposibilita cumplir con el propósito de ampliar y reactivar la producción de aceite de palma en el país.
El diputado Castillo aseveró que «esta es una gran noticia para los productores de Palma Aceitera que viven momentos difíciles, desde el 2008, cuando comenzó el deterioro en la producción y comercialización del aceite».
Además, el legislador explicó que «las problemáticas del sector se deben a factores como enfermedades en la plantación y la disminución del precio internacional del aceite de palma, a lo que se suman las obligaciones financieras y de mantenimiento agrícola que impiden a los palmicultores seguir adelante con su actividad».
«Esto ha generado una crisis que ha persistido, en la que muchos de los productores no cuentan con facilidades para salir adelante, sus fincas están siendo rematadas y otras no tienen recursos para replantar, abonar y mantener las propiedades», destacó.
