San José, 18 sep (elmundo.cr) – La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) apoya la posición de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) sobre la falta de claridad normativa originada por la discordancia entre lo que establece el Artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y la interpretación administrativa y Judicial.
“La Ley aprobada por mayoría de los congresistas brinda seguridad jurídica al reforzar y aclarar que Costa Rica tiene un sistema tributario territorial y no de renta mundial, una competencia de la Asamblea Legislativa, el órgano constitucionalmente competente para tomar esta decisión”, explicó el asesor jurídico de la ABC, Mario Gómez Pacheco.
Gómez señaló que la jurisprudencia administrativa y judicial ha creado un “nuevo impuesto” al interpretar el concepto de territorialidad, lo que ha generado un ámbito de inseguridad jurídica que el proyecto venía a solventar.
“La decisión de veto del Poder Ejecutivo, lejos de contribuir a contar con reglas claras en materia tributaria, perpetúa la inseguridad sobre el tratamiento de las rentas producidas fuera del territorio nacional”, dijo el asesor jurídico.
Agregó que esta ley no beneficia a empresas específicas ni a los bancos; su disposición es de carácter general y se aplica a todas las personas físicas y jurídicas domiciliadas en Costa Rica
Al aclarar que el país opera bajo un sistema de renta territorial, el asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense informó que esta ley promueve la seguridad jurídica y, en consecuencia, fomenta la inversión nacional y extranjera, así como la creación de empleo.
Además advirtió que cualquier veto a esta ley podría provocar inseguridad jurídica, la salida de capitales y empresas y la pérdida de inversión y empleos.
