San José, 28 feb (elmundo.cr) – Productores arroceros nacionales solicitan a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley 24.211, conocido como Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (FONARROZ), para “resguardar la seguridad alimentaria del país”.
Según Luis Corea, productor arrocero, “los costarricenses podríamos quedarnos sin un grano tan importante en nuestras mesas como lo es el arroz”.
Corea advirtió que la dependencia del arroz importado pone en riesgo la alimentación del país: “Los ticos debemos tener claro que los países que suplen el arroz que consumimos, pueden enfrentar conflictos geopolíticos, así como variaciones o afectaciones climáticas”. El productor recordó que “a nivel mundial solo se comercializa entre un 10% y un 11% de los excedentes de arroz”.
El FONARROZ busca compensar las pérdidas sufridas por el sector, incluyendo las ocasionadas por la “Ruta del Arroz” implementada en agosto de 2022 y los daños causados por eventos climáticos como el Huracán Rafael y la Tormenta Tropical Sara en noviembre de 2024, que afectaron 1.165 hectáreas de arroz.
Mainor Cruz, director ejecutivo, explicó que el fondo “busca nivelar la diferencia entre el precio de la granza nacional y la importada, proteger las hectáreas de cultivo necesarias para tener disponibilidad del grano y escalamiento productivo, así como promover la sostenibilidad de la actividad arrocera”. Cruz agregó que esto “permitirá mantener una base de producción nacional que garantice la disponibilidad del arroz ante cualquier situación de emergencia internacional”.
El financiamiento del FONARROZ provendría de los ingresos generados por las importaciones de arroz y los aportes de los productores nacionales. Los productores argumentan que las políticas actuales han reducido la cantidad de hectáreas sembradas en un 60%, la cosecha nacional en más del 55% y han provocado la pérdida de empleos en zonas rurales.
Según datos del CONARROZ, las hectáreas cultivadas cayeron de 35.317 a 14.020 entre la implementación de la “Ruta del Arroz” y febrero de 2025. Esto representa una pérdida de aproximadamente 21 mil empleos, considerando que cada hectárea genera un empleo. Además, la cantidad de productores se redujo en un 47%, pasando de 534 a 284.
Los productores también afirman que la promesa de precios más bajos para el consumidor no se ha cumplido. De acuerdo con el INEC, el índice de precios al consumidor acumula una variación del 6,59% en los últimos 30 meses. Además, se estima una pérdida de $90.000.000 en recaudación fiscal entre 2022 y diciembre de 2024 debido a las nuevas políticas.
