San José, 5 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes señala que el principal reclamo que tienen los costarricenses es con relación a problemas de acceso a servicios de salud.
Este dato forma parte del Informe Anual de Labores 2016-2017, en el que analiza los avances e incumplimientos para atender las recomendaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas.
Parte de esas recomendaciones refieren a la necesidad de asegurar la universalización de la seguridad social, reducir las listas de espera en los servicios de salud, así como la necesidad asegurar un adecuado equipamiento y personal necesario para una adecuada prestación de servicios médicos.
El 23.77% de las intervenciones efectivas que realizó la Defensoría en el año 2016 obedecieron a situaciones denunciadas contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que incluye problemas de atención en hospitales, EBAIS, clínicas y demás entidades dependientes, que se encargan de brindar un servicio de salud. Si bien la CCSS ha planteado planes para abordarlos, su implementación no ha dado resultados satisfactorios y convincentes para la Defensoría.
El informe fue entregado esta mañana al presidente de la Asamblea Legislativa, según lo que establece la ley de la institución.
El total de solicitudes de intervención atendidas en el 2016 alcanzó los 22.887. Los datos determinan que la CCSS es la institución pública que motiva más denuncias o consultas ante la Defensoría.
En segunda instancia el Instituto Mixto de Ayuda Social (17,76%) se mantiene como la otra institución más denunciada. En tercer lugar se agrupan las municipalidades (6,76%), seguidas por el Ministerio de Educación Pública (5,24%). La población que mayormente recurre a la Defensoría de los Habitantes son personas provenientes de zonas rurales o urbano marginales y de bajo nivel de desarrollo social.
La Defensoría hace, además, un seguimiento al informe anterior sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un análisis del esquema de gobernanza planteado por el país para implementar la Agenda 2030, una evaluación del espacio democrático del país para la participación en el marco de los ODS y presenta un programa institucional de monitoreo sobre el abordaje que hace el Estado a la atención de la pobreza.
